El documento final de la resolución de la SCJN sobre la “Ley Bonilla”, debe debe brindar certeza jurídica para no cometer un atentado a la democracia
Asegurando que Jaime Bonilla tuvo su registro como candidato a gobernador de Baja California por un periodo de cinco años, el abogado Ángel Junquera habló con Francisco Zea en el contexto de la discusión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional presentadas contra la Reforma Constitucional de 2019 que modificó la duración del mandato estatal.
Sobre el proyecto de sentencia presentado ante el pleno por el ministro José Fernando Franco González Salas que planteaba invalidar la llamada “Ley Bonilla”, el abogado aseguró que estamos ante un atentado contra la democracia, dado que el mensaje de los ministros es no dar certeza a lo que el gobernador expresó durante su toma de mandato.
Considerando fuera de lugar y erróneas las manifestaciones del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, en el sentido de que las violaciones en que incurrió el Congreso de Baja California para validar la “Ley Bonilla” configuran un “gran fraude constitucional”, el abogado aseguró que los legisladores locales hicieron uso de una de sus facultades que la ley les otorga.
He publicado un episodio en #ivoox “Discusión de "Ley Bonilla" debe ser jurídica, no política: abogado del gobernador de Baja California” #podcast https://t.co/2Vtz0dESmA
— PacoZeaCom (@PacoZeaCom) May 11, 2020
Advirtiendo que con la resolución final que emita la SCJN se podría generar una reviviscencia, lo cual sería muy grave y atentaría ala sentido democrático del país “y evidentemente para Baja California”, ya que se estaría retrotrayendo al momento que se formula y se retoma el artículo 8° Transitorio, lo que significa que “Jaime Bonilla se registra para un periodo de cinco años y toma posesión para un periodo de cinco años, se retrotrae para dos”.
A expensas de ver el proyecto final, Ángel Junquera subraya que entre algunas de las repercusiones legales, no habría gobernador electo pues “Zaldívar, en un acto que queda fuera de cualquier acto jurídico, se manifiesta de manera política”, quedando pendiente la validez de la gubernatura de Jaime Bonilla o decidir si se irá a una nueva elección.
Ante esta situación, el defensor cuestiona qué pasaría dentro de un año con la revocación de mandato del Presidente de la República, dejando abierta la posibilidad de extender tres años la permanencia del mandatario.
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