Este caso deriva de un presunto contrabando y uso de recursos de procedencia ilícita, que se investigó por parte de la FGR, a partir de una denuncia anónima, en 2014.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó separar de su cargo y procesar a dos funcionarios de la Unidad Especializada en Delitos Financieros, de la Fiscalía General de la República, por incumplir con una sentencia judicial para verificar la propiedad de un aseguramiento de joyas, por más de 235 MDP.
Se ordenó que, en caso de seguir en funciones, se separe de su cargo al Ministerio Público Federal Víctor Manuel Munguía Baltazar, y a quien era su superior jerárquico, Celia Almaguer Hernández.
En su ponencia, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá explicó que este caso deriva de un presunto contrabando y uso de recursos de procedencia ilícita, que se investigó por parte de la FGR, a partir de una denuncia anónima, en 2014.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró en comercios de la Riviera Maya, en Quintana Roo, un lote de 4 mil 569 joyas, principalmente diamantes, valuadas en 235 millones 758 mil 631 pesos, propiedad de presunto contrabandista turco Apel Celik.
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Las investigaciones y los aseguramientos se realizaron entre el 16 y el 23 de diciembre de 2014, y luego de un par de amparos tramitados por la empresa propietaria de las joyas, el Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México ordenó una diligencia para cotejar las joyas con las facturas y los pedimentos de importación.
La UEDF respondió que no era posible cumplir con la sentencia, debido a que una parte del lote de las joyas ya había desaparecido, lo que generó una investigación al interior de la FGR.
A Munguía Baltazar se le atribuyó el haber omitido, desde su vinculación, informar sobre el acuerdo de abandono de los bienes el 14 de octubre de 2019.
A Almaguer Hernández se le imputó por haber omitido la entrega de datos importantes, y omitir dar la orden para que las joyas se siguieran entregando al actual Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
