El anuncio se dio luego de que un juez levantara una orden judicial que impedía al gobierno de Biden eliminar la política también llamada “Permanecer en México”
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio la bienvenida a la decisión de la Corte de Distrito estadounidense, que anuló la orden judicial para reiniciar los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), conocido coloquialmente como programa “Quédate en México” y que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras realizan sus trámites.
La decisión del juez Matthew Kacsmaryk está en consonancia con la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos del pasado 30 de junio, que decidió en un fallo 5-4 anular la decisión de un tribunal federal de apelaciones para el restablecimiento de los MPP, una política implementada durante el gobierno de Donald Trump y a la que el actual presidente, Joe Biden, ha intentado poner fin en varias ocasiones.
El juez señaló que desde el restablecimiento del programa, en diciembre del año pasado, 5 mil 764 migrantes han sido enviados a México.
“El DHS se compromete a poner fin a la implementación de los MPP ordenada por la corte de una manera rápida y ordenada”, aseguró el departamento en un comunicado publicado este lunes.
Señaló que los migrantes que busquen asilo en Estados Unidos ya no deberán inscribirse en los MPP y que aquellos que actualmente se encuentran en México en espera de que se resuelva su trámite, serán desafiliados cuando acudan a su próxima cita en la corte.
“Las personas desafiliadas del MPP continuarán con sus procedimientos de deportación en los Estados Unidos”, señaló.
El DHS recordó que, como dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el programa “Quédate en México” tiene “fallas endémicas, impone costos humanos injustificables y sustrae recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios” para asegurar la frontera.
“El Departamento proporcionará información adicional en los próximos días. Los inscritos en el MPP deben seguir las instrucciones en sus documentos judiciales y hojas sueltas para presentarse a la fecha programada en el tribunal según sea necesario”, señaló.
Sin embargo, aclaró que seguirá haciendo cumplir la orden conocida como Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), implementada a raíz de la pandemia de Covid-19 y por la que se deporta a los migrantes por razones de salud pública.
“Las personas encontradas en la frontera suroeste que no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán deportadas o expulsadas”, apuntó.
El gobierno mexicano ha planteado al de Estados Unidos su preocupación por la utilización del Título 42 de su Ley de Servicios de Salud Pública para regresar a México a miles de personas migrantes. Señala que incentiva “una alta tasa de reincidencia que genera riesgos importantes en los múltiples intentos de cruce por puntos irregulares”.
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El Protocolo de Protección de Migrantes (PPM), como se denomina oficialmente la política, “tiene fallas endémicas, impone costos humanos injustificados y quita recursos y personal de otras tareas prioritarias para resguardar nuestra fronteras”, agregó el departamento.
Poco después de llegar al poder, Biden intentó suprimir la medida como parte de lo que denominó un abordaje más humano a la migración.
Pero varios estados con gobiernos republicanos, encabezados por Texas, demandaron al gobierno federal, y un tribunal de la capital ordenó reinstaurar la política.
El caso llegó a la Corte Suprema, que determinó el 30 de junio que Biden tiene la autoridad de terminar el programa.
Desde el inicio de la política en enero de 2019 hasta su suspensión inicial, al menos 70 mil personas fueron enviadas a México según el Consejo Estadunidense de Inmigración, una organización sin fines de lucro fundada en 1987 que defiende a los inmigrantes.
El gobierno de Trump argumentó que la política permitiría contener la inmigración ilegal a Estados Unidos.
Durante el mandato de Biden, las autoridades impidieron la entrada de más de 200 mil personas que intentaban ingresar ilegalmente y fueron devueltas, ya sea por el PPM o por otra disposición fronteriza adoptada por la pandemia del coronavirus.
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