Redacción.- Tijuana, 8 de abril del 2026. En Tijuana, el desorden urbano ya no se mide solo en planos desactualizados, reglamentos pendientes o discusiones técnicas. Se mide en horas perdidas en el tráfico, en colonias saturadas, en decisiones públicas que parecen desconectadas de la realidad y en una ciudad donde cada vez más personas sospechan que la falta de reglas claras no es un accidente administrativo, sino un negocio político. Esa sospecha no nace de la nada. Nace de los hechos. 
Santa Fe es hoy la prueba más visible de ese desorden. En marzo, vecinos de la zona salieron a protestar contra la instalación del Panteón Municipal número 15. No era una inconformidad aislada ni un rechazo caprichoso. Era la reacción de una comunidad que vive desde hace años atrapada en un entorno rebasado por el crecimiento, la saturación vial y la falta de infraestructura suficiente. El 18 de marzo, la protesta obligó al Ayuntamiento a detener el proyecto; dos días después, los colonos llevaron su inconformidad hasta Palacio Municipal para exigir no solo la cancelación del panteón, sino soluciones a un problema mucho más profundo: el colapso urbano de la zona. 
Lo que dijeron esos vecinos importa porque retrata con crudeza lo que ocurre cuando una ciudad crece sin orden. En sus reclamos no solo apareció el rechazo a un panteón. Aparecieron demandas por accesos dignos, puentes vehiculares y peatonales, señalización, semáforos, agua, alumbrado, bacheo, escuelas, servicios y atención a una movilidad que desde hace tiempo dejó de ser molestia para convertirse en crisis. Es decir, el conflicto del panteón no fue el origen del problema. Fue apenas el detonador visible de una indignación acumulada por años de decisiones mal secuenciadas y mala planeación. 
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El dato técnico refuerza aún más esa lectura. En marzo, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana describió a Santa Fe como un ejemplo, incluso a nivel nacional, de lo que no debe hacerse en materia de movilidad e infraestructura. El señalamiento no vino de activistas ni de opositores partidistas. Vino de especialistas que han advertido sobre la falta de interconexión vial, la presión habitacional, los cuellos de botella y el colapso de infraestructura en una de las zonas que mejor retratan el costo de crecer sin reglas firmes ni visión integral. 
Y ahí aparece la primera gran contradicción del gobierno municipal. Mientras el Ayuntamiento y el IMPLAN hablan de planeación, diálogo y ordenamiento urbano, la realidad sigue exhibiendo zonas donde el crecimiento parece haber corrido más rápido que el Estado. La narrativa oficial habla de planeación. La ciudad, en cambio, sigue dando señales de improvisación, saturación y decisiones reactivas. 
Esa contradicción se vuelve todavía más delicada por una razón política de fondo. Cuando era candidato a la alcaldía, Ismael Burgueño asumió el compromiso de actualizar el Plan de Desarrollo Urbano de Tijuana. No era una promesa menor. Era una señal de orden, certeza y rumbo para una ciudad atrapada en el caos normativo. Pero la promesa quedó incumplida. Burgueño asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 y, al 7 de abril de 2026, su administración supera ya los 18 meses sin entregar una salida clara, firme y verificable a uno de los mayores vacíos normativos de la ciudad. 
Y en una ciudad como Tijuana, ese atraso no es neutro.
Porque cuando las reglas no están actualizadas, alguien gana con la interpretación. Cuando la norma es ambigua, crece el poder del escritorio que decide. Cuando no hay criterios claros y homogéneos, el trámite se vuelve terreno fértil para la discrecionalidad. Y cuando la discrecionalidad se instala en un ecosistema donde están en juego licencias, densidades, usos de suelo, factibilidades y permisos, la ausencia de reglas deja de ser solo un problema técnico. Se convierte en una fuente potencial de rentas ilegales.
Por eso el caso no puede presentarse únicamente como mala administración. La mala administración produce atraso. Lo que aquí empieza a dibujarse es algo más grave: un modelo donde el atraso mismo se vuelve funcional. Funcional para quien puede retrasar, observar, interpretar, condicionar o “destrabar”. Funcional para el intermediario. Funcional para quien convierte la incertidumbre en valor económico. Y funcional, por supuesto, para un sistema donde el desorden urbano deja de ser costo público y empieza a operar como negocio privado.
Ese es el punto donde el argumento de corrupción deja de ser una consigna y empieza a convertirse en hipótesis periodística sólida.
Porque una ciudad mal planeada puede ser resultado de ineptitud. Pero una ciudad donde los vacíos persisten, las reglas no llegan, las decisiones se patean y la ambigüedad sigue siendo extraordinariamente útil para ciertos intereses obliga a hacer una pregunta más severa. ¿De verdad no pueden resolverlo o simplemente no quieren resolver aquello de lo que algunos siguen obteniendo beneficios?
Santa Fe ayuda a entender esa pregunta. No porque el conflicto del panteón pruebe por sí mismo un acto de corrupción, sino porque exhibe el ambiente donde esa corrupción puede prosperar. Una zona saturada. Una comunidad desesperada. Especialistas advirtiendo años de mala planeación. Autoridades reaccionando solo cuando estalla la protesta. Y, detrás de todo ello, una ciudad que sigue dependiendo menos de reglas claras que de decisiones particulares. 
Ese patrón es el verdadero escándalo.
No solo porque daña la calidad de vida de miles de familias. También porque rompe el principio básico del Estado de derecho. En una ciudad sana, la norma manda. En una ciudad capturada, manda quien administra la excepción. Y cuando el poder público administra excepciones en lugar de reglas, la corrupción deja de esconderse en hechos aislados y empieza a instalarse como lógica de gobierno.
Este medio buscó la postura oficial del gobierno municipal de Tijuana sobre los señalamientos expuestos en esta investigación. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. El silencio, frente a acusaciones de esta gravedad, admite varias lecturas, ninguna favorable para la autoridad. Puede interpretarse como una aceptación tácita de las presunciones de corrupción, como un intento por evadir un mayor escrutinio público o, simplemente, como la apuesta de que el paso del tiempo desgaste la exigencia de respuestas y permita que el presunto negocio perverso continúe operando en la sombra.
A estas alturas, la pregunta ya no es si Tijuana necesita actualizar su marco urbano. Eso está fuera de discusión. La pregunta real es otra. Si el problema está diagnosticado, si las zonas colapsadas ya dieron la alarma, si la promesa política existió y si el costo social del desorden es evidente, ¿quién se beneficia de que la solución siga pospuesta?
Porque en Tijuana, la falta de reglas claras ya no parece solo un vacío de gobierno.
Empieza a parecer una estructura de poder.
Y cuando el desorden le deja tanto dinero a unos cuantos, la corrupción deja de ser sospecha lateral y empieza a perfilarse como la explicación central.
