Desde su desaparición, los padres de estos jóvenes han recorrido el país entero clamando por justicia, gritando sus nombres, compartiendo sus frustraciones y exigiendo, a todas las órdenes de gobierno y en todos los foros sociales, que se esclarezcan los hechos de aquella noche
El 26 de septiembre de 2014 fue un día común para muchas personas, no obstante, para 43 familias fue la última vez que vieron salir por la puerta de su casa a sus hijos.
Los números con que las autoridades identifican esta tragedia a través de expedientes, declaraciones, resultados periciales, pruebas y evidencias, no desaparecen ni menguan en nada el dolor y la ansiedad de no saber qué fue lo que pasó con la vida de 43 jóvenes que tras de sí tenían sueños, aspiraciones y una historia qué contar.
Eran estudiantes, eran hijos de familia, eran -en su mayoría- muchachos de bajos recursos que vivían en poblados alejados de servicios básicos que habían decidido irse a estudiar a la escuela normal para convertirse en maestros que ayudaran a la niñez para mejorar su condiciones de vida.
Desde su desaparición, los padres de estos jóvenes han recorrido el país entero clamando por justicia, gritando sus nombres, compartiendo sus frustraciones y exigiendo, a todas las órdenes de gobierno y en todos los foros sociales, que se esclarezcan los hechos de aquella noche.
El desespero de estas 43 familias se puede resumir en una frase que Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, externó en el encuentro sostenido con el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 30 de octubre de 2014:
“Yo no tenía la necesidad de andar por acá pero por culpa de nuestro gobierno que agredieron a nuestros muchachos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, como ustedes ya saben, ellos fueron agredidos cobardemente disparándoles a matar como si fueran maleantes, ya que los muchachos iban desarmados no eran delincuentes, pero el gobierno actúa de esa forma”.
Desde aquella noche la vida de estas familias ha intentado seguir, entre marchas, plantones, búsqueda de comparecencias, visitas a foros internacionales, críticas sociales, rechazo y cansancio, los familiares de los estudiantes continúan con la búsqueda de justicia.
Han sido recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto, por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por titulares de la Procuraduría General de la República, miembros del Senado, en la Cámara de Diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de México, altos comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, entre otros.
En cada espacio, portando la fotografía de sus hijos, los padres y madres demandan justicia, esclarecimiento de hechos, que no se olviden de sus hijos, piden la creación de una comisión investigadora de la verdad y la persecución de los responsables, pero sobre todo, quieren saber qué fue de sus hijos.
Encuentros van y encuentros vienen y el caso parece no avanzar, las trabas legales y lentitud del sistema judicial en nuestro país condenan al abandono a los familiares, quienes, en algunos casos, como el de Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello, fallecen sin saber cuál fue el destino de sus jóvenes.
Contenido relacionado
ONU, CNDH y Amnistía Internacional coinciden en rechazar la “verdad histórica” de Ayotzinapa
