El Faro divulgó entrevistas a pandilleros que acusan al gobierno de Bukele de negociar con bandas criminales; el medio denuncia amenazas legales tras su publicación
El medio digital salvadoreño El Faro alertó que las autoridades preparan órdenes de aprehensión contra sus periodistas, tras la publicación de entrevistas a integrantes de pandillas que reavivan acusaciones sobre un supuesto pacto entre el gobierno de Nayib Bukele y grupos criminales. La denuncia se hizo pública esta semana, generando preocupación por la situación de la libertad de prensa en el país centroamericano.
Carlos Dada, director de El Faro, afirmó que la Fiscalía General está gestionando las capturas de reporteros que participaron en la investigación, la cual incluye testimonios de dos líderes de la pandilla Barrio 18. En dichos relatos, se sostiene que existieron contactos entre el Ejecutivo y las estructuras criminales con fines electorales.
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Las autoridades gubernamentales negaron rotundamente la acusación. Andrés Guzmán, comisionado presidencial para los Derechos Humanos, escribió en la red social X que “en El Salvador se respeta y garantiza el ejercicio de la libertad de prensa y expresión”, rechazando así la versión de El Faro sobre una supuesta persecución judicial.
El reportaje en cuestión recoge declaraciones de Carlos Cartagena, alias Charli, y otro cabecilla identificado como Liro Man, quienes afirman que los canales de comunicación entre las pandillas y el gobierno fueron Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, y Osiris Luna, actual viceministro de Justicia y titular de la Dirección General de Centros Penales.
Ambos funcionarios fueron objeto de sanciones por parte de Estados Unidos en 2021. El Departamento del Tesoro los señaló por presuntamente negociar con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, acusaciones que en su momento fueron desmentidas por el Ejecutivo salvadoreño.
La controversia resurgió luego de que El Faro publicara las nuevas entrevistas, grabadas en un lugar no revelado por razones de seguridad. Según los pandilleros, los contactos con el gobierno tenían como objetivo principal reducir la tasa de homicidios, una estrategia que coincidió con la llegada de Bukele al poder y que ha sido uno de los pilares de su popularidad.
En respuesta indirecta a la publicación, Bukele publicó en su cuenta de X un mensaje el pasado sábado en el que criticó a la prensa internacional, a la que acusó de tener intereses ocultos. “Los medios globalistas han perdido su negocio porque hemos llevado la violencia criminal a mínimos históricos”, afirmó el mandatario, sin hacer mención directa a El Faro.
El caso vuelve a poner en primer plano la tensa relación entre el gobierno de Bukele y la prensa crítica. Organismos de derechos humanos y asociaciones de periodistas han advertido en diversas ocasiones sobre un clima de hostigamiento y restricciones hacia los medios que investigan temas delicados como corrupción o seguridad pública.
El Faro es uno de los medios más reconocidos de Centroamérica por su labor investigativa, y en 2020 ya había publicado una serie de reportajes que documentaban presuntos acuerdos secretos entre el Ejecutivo y las pandillas. Esta línea editorial ha convertido al medio en un blanco frecuente de ataques y descalificaciones por parte de funcionarios gubernamentales.
Mientras tanto, la incertidumbre crece sobre las posibles acciones legales contra los periodistas, en un contexto donde la política de seguridad sigue siendo uno de los principales logros que exhibe la administración de Bukele, pese a las reiteradas denuncias sobre violaciones a derechos humanos y presunta corrupción.
