La saxofonista atacada con ácido dio a conocer la medida del gobernador de Oaxaca en su cuenta de Twitter
El gobierno de Oaxaca notificó que suspenderá la atención médica privada que recibía la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un intento de feminicidio en 2019.
La autoridad afirmó que “los servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos necesarios para ella y su familia se continuarán otorgando a través de las instituciones de servicios de salud con que cuenta el Estado mexicano”.
De acuerdo con un boletín emitido este miércoles por Comunicación Social y Vocería del gobierno del estado, el apoyo médico a la saxofonista y activista continuará a través de instituciones como el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), organismo de orden federal; no obstante, no mencionó si Ríos Ortíz recibirá la atención médica que necesita en alguna institución de salud estatal.
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María Elena Ríos permaneció cuatro meses en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, luego de su ataque, donde era atendida y recibió injertos en zonas de su cuerpo dañadas por el ácido; no obstante, dado el estado del hospital y sus instalaciones, los injertos se pudrieron y fueron retirados.
En diciembre de 2019, Ríos Ortiz fue trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación; sin embargo, la atención fue suspendida en marzo de 2020, pues el hospital se transformó en centro de atención Covid-19, ante la pandemia.
El gobierno del estado afirma en el comunicado emitido este miércoles que la famosa música decidió dejar de asistir, por voluntad propia, al INR; sin embargo, ella relata que en octubre de 2020 acudió a retomar su tratamiento, pero el instituto no había reanudado operaciones, por lo que no se trató de una decisión personal
A finales de julio, la saxofonista protestó con una pancarta en el marco de la Guelaguetza 2022 contra los feminicidios en la entidad; sin embargo, fue retirada del sitio acompañada por decenas de elementos de seguridad.
En abril del 2022 Ríos también denunció que el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México le notificó que le reduciría las medidas cautelares que se le habían proporcionado.
Además, cuestionó a Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, población y migración, que la decisión se haya tomado debido a la amistad de Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos-Mecanismo de Protección para Personas Defensoras Derechos Humanos y Periodistas en México con Arturo Peimbert, fiscal general de Oaxaca.
En respuesta y meses más tarde la Secretaría de Gobernación informó que a Ríos no se le protege como víctima, más bien como defensora de derechos humanos.
Después de que su esquema de protección se haya levantado en la Ciudad de México para concentrarse solo en el estado de Oaxaca, su situación como víctima del delito tendrá que ser valorada por las autoridades de justicia estatales, indicó la dependencia en un comunicado.
El informe fue emitido después de que la joven denunciara la reducción de las medidas cautelares que le había proporcionado.
El comunicado, recién publicado por la Segob, explica que la saxofonista es beneficiaria del Mecanismo de Protección desde julio de 2021 y que su esquema de protección estaba vigente originariamente en la Ciudad de México y Oaxaca.
Luego de que la Junta de Gobierno del Mecanismo revaluara su situación de riesgo en marzo de este año y al tomar en cuenta las particularidades del caso, decidió concentrar las medidas de protección en Oaxaca.
Según se afirma, Ríos ejerció su derecho de recurrir a dicha determinación y el pasado 27 de mayo, la junta confirmó su implementación.
Ayuda médica
La saxofonista continuó recibiendo terapia funcional en instituciones privadas, debido a la emergencia sanitaria, en común acuerdo con el gobierno estatal y tal como lo marca la ley; de esta manera, la administración saliente reembolsaba un mes y medio después los gastos que María Elena Ríos pagaba mediante tarjeta de crédito; al respecto, la activista señala que para los reembolsos se entregaban notas, no facturas.
Asimismo, María Elena desmintió que su familia esté recibiendo tratamiento psicológico, ni psiquiátrico, como lo asegura el documento emitido este miércoles. “Nada más he sido yo porque siempre me ha preocupado que en algún momento me dejen de pagar”, indica.
Abunda que desde julio pasado, el gobierno estatal dejó de reintegrar los montos de gastos médicos que ella paga con una tarjeta de crédito, mismos que ascienden a 150 mil pesos aproximadamente, mientras que hay una cirugía programada para fechas próximas con un monto similar, acumulando un adeudo de 300 mil pesos hasta principios de agosto.
Por otro lado, detalla que en cirugías y procedimientos posteriores, los doctores le han apoyado con no cobrarle los gastos, únicamente los procedimientos quirúrgicos, lo que le permitió, hasta ahora, continuar con su tratamiento.
En tanto, Ríos Ortiz acusó al gobierno del estado de incurrir en su revictimización, al asegurar que se está cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Víctimas y reconocer su calidad como una de ellas, pero restringiendo los pagos y, con ello la obligación del Estado a otorgar una reparación integral a las víctimas.
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CAB
