El Congreso de El Salvador aprobó disposiciones transitorias especiales para realizar juicios “masivos” para detenidos durante el estado de emergencia
La decisión de aprobar juicios masivos ha sido cuestionado por políticos opositores y expertos en el tema.
El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles disposiciones transitorias especiales para que los detenidos durante el estado de emergencia que rige desde principios de 2022 para combatir a las “maras” o pandillas criminales sean procesados en grandes grupos.
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La Asamblea, dominada por diputados del partido del presidente Nayib Bukele, aprobó las medidas con 67 votos a favor y 6 en contra, bajo el argumento de que otorgarán mayor orden y eficiencia a los procesos en los tribunales, mientras sus detractores las consideran una vulneración del debido proceso.
El gobierno de Bukele ha sido colocado en el ojo del huracán por organizaciones de derechos humanos a raíz de las detenciones masivas de presuntos integrantes de esas organizaciones criminales, su exposición pública en situaciones denigrantes y su ingreso en prisiones especialmente creadas para ellos.
Las nuevas disposiciones permitirán a la Fiscalía utilizar los mismos elementos de prueba para las personas que tengan algún tipo de relación, ya sea por sus vínculos personales, porque coincida el área en que cometieron los delitos o por la identidad de las víctimas, en un plazo de 24 meses.
El martes, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, estimó que con las nuevas disposiciones podrían ser enjuiciados hasta 900 imputados en un solo proceso. La Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios son las principales pandillas del país.
“Claramente vulnera principios que son fundamentales de presunción de inocencia (…) porque hoy tenemos capturas donde simplemente la policía y las fuerzas armadas han catalogado como sospechosa a cualquier persona y la han detenido”, dijo el diputado César Reyes, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).”
Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario, afirmó que el país estaba “regresando a la época inquisitiva”. “Es grave porque les van a imputar a la gente delitos que no han cometido, por el hecho de simplemente relacionarla con una estructura criminal”, añadió.
En los 16 meses de estado de emergencia, que tiene un amplio respaldo popular ante el declive del índice de homicidios, han sido detenidos más de 71,900 presuntos pandilleros y liberados 6,000, según datos oficiales, mientras grupos civiles han denunciado 174 muertes y 6,400 abusos en el marco de la medida.
