El hecho quedó registrado durante una persecución en Jalisco, cuando la pareja circulaba a bordo de una camioneta sobre la carretera Zapotlanejo-Guadalajara
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Guardia Nacional reparar el daño por matar con armas de fuego a una menor embarazada durante una persecución en la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara, en Jalisco, en noviembre de 2021.
Según la recomendación 70VG/2022, una pareja a bordo de una camioneta fue perseguida por tres elementos de la Guardia Nacional, quienes durante la persecución accionaron sus armas de fuego y provocaron la muerte de la mujer menor de edad, quien tenía dos meses de embarazo.
La CNDH detalló que los elementos de la Guardia Nacional comenzaron la persecución cuando se percataron de que la camioneta en la que circulaba la pareja no tenía placas y manejaban a exceso de velocidad.
Sin embargo, la CNDH determinó que los elementos de seguridad cometieron violaciones a los derechos humanos, porque cuando accionaron sus armas de fuego contra las dos víctimas no se ajustaron a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ni a los estándares internacionales.
“En consecuencia, su actuación derivó en un uso ilegal y excesivo de la fuerza letal, que vulneró el derecho humano a la vida, a la integridad, a la seguridad personal y legalidad, de las dos víctimas de la agresión”, señaló el organismo autónomo.
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Además, la CNDH consideró que el uso de la fuerza aplicada por elementos de la Guardia Nacional no fue gradual, ni se intentó reducir al mínimo los daños, y no se advirtió que hayan intentado realizar maniobras menos letales, ni pudieron acreditar que el uso de las armas haya sido estrictamente inevitable, como lo establece la legislación.
Por los hechos, el organismo pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de la Guardia Nacional, tramitar de inmediato la inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Nacional de Víctimas y reparar el daño con una compensación justa.
Además, la dependencia federal deberá colaborar en la carpeta de investigación abierta por el caso e impartir cursos sobre el Manual del Uso de la Fuerza y la ley sobre la misma.
Asimismo, se pidió que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se otorguen medidas de rehabilitación a través de atención tanatológica y psicológica, por parte de personal especializado y de forma continua, atendiendo a su edad y necesidades específicas, así como proveerles los medicamentos y materiales gratuitos convenientes a sus padecimientos.
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CAB
