El caso de una mujer con muerte cerebral en Georgia desata controversia legal y ética, ya que permanece conectada por una ley estatal antiaborto
El estado de Georgia enfrenta una fuerte polémica tras conocerse el caso de Adriana Smith, una enfermera de 30 años que fue declarada con muerte cerebral a principios de febrero de 2025. Smith, quien tenía nueve semanas de embarazo al momento de su colapso, permanece conectada a soporte vital en el hospital Emory University de Atlanta con el único propósito de permitir que el feto continúe su desarrollo hasta alcanzar viabilidad fuera del útero.
El detonante fue una serie de coágulos cerebrales que, según su madre, April Newkirk, fueron consecuencia de una negligencia médica. Desde entonces, la familia ha sido incapaz de tomar decisiones sobre su cuerpo debido a la legislación estatal conocida como “Ley del Latido del Corazón”, que prohíbe la interrupción del embarazo una vez que se detecta actividad cardíaca fetal, situación que normalmente ocurre alrededor de la sexta semana de gestación.
“La decisión debió ser nuestra”, expresó Newkirk en una entrevista con medios locales. La madre ha denunciado públicamente lo que describe como una situación de “tortura” para su familia, al verse obligados a mantener artificialmente las funciones corporales de Smith, pese a su diagnóstico irreversible de muerte cerebral. “No digo que hubiéramos optado por interrumpir su embarazo, pero lo que sí digo es que deberíamos haber tenido la opción”, insistió.
A pesar de que los médicos no pueden garantizar la viabilidad del feto ni su salud a largo plazo, los equipos de soporte continúan funcionando. Este hecho ha reabierto el debate sobre los límites de la legislación antiaborto en casos clínicamente extremos.
Katie Watson, especialista en bioética y derechos reproductivos de la Universidad Northwestern, sostiene que esta legislación ha sido malinterpretada. “Las intervenciones médicas que interrumpen un embarazo (…) y que están motivadas por la intención de interrumpir un embarazo” son las que se sancionan, indicó, pero aclara que eso “no tiene ninguna relación” con un caso como el de Smith.
La legislación de Georgia confiere personalidad jurídica al feto desde el inicio del embarazo, lo cual ha dejado a los médicos en una posición complicada, pues consideran que están obligados a prolongar el soporte vital para preservar la vida del no nacido. Sin embargo, no existe un protocolo específico que indique cómo actuar en casos en los que la gestante ha sido declarada legalmente muerta.
Este escenario refleja el impacto de los cambios legislativos impulsados por la anulación, en 2022, del precedente federal que garantizaba el derecho al aborto. Desde entonces, varios estados han impuesto restricciones que no contemplan situaciones excepcionales, como la que atraviesa la familia de Smith.
Mientras tanto, los seres queridos de Adriana han iniciado una campaña de recaudación de fondos para afrontar los costos hospitalarios y la atención médica que el bebé pueda requerir si logra sobrevivir. El caso continúa generando un amplio debate sobre la necesidad de revisar leyes que, según expertos, no están diseñadas para atender dilemas éticos y médicos tan complejos.
