Alrededor de 24 empresas ubicadas en la Ciudad de México fueron sancionadas tras no cumplir los derechos laborales de sus trabajadores.
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) sancionó a 24 empresas por violar los derechos laborales de sus trabajadores durante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México.
Se llevaron a cabo 30 resoluciones administrativas de las cuales seis fueron absueltas, mientras que el resto pagó 40 millones de pesos.
Paul Ortiz Arámbula, director general de Trabajo y Previsión Social, detalló que los centros de trabajo contaban con diversas irregularidades. Algunas de ellas fueron detalladas como: despido de personal, imposición de descanso sin pago alguno, reducción salarial, eliminación de prestaciones y permanencia de mujeres embarazadas.
Paul Ortiz, comentó que, desde el 27 de marzo al 17 de julio se han llevado a cabo 308 visitas de inspección laboral. En 113 el inspector laboral tuvo acceso a las instalaciones, en otras 57 se le negó la entrada y en 138 se realizó un informe ya que, los datos proporcionados por los denunciantes no correspondían a los de la empresa.
“En todos los casos se respetó el debido proceso. Las empresas tuvieron los plazos legales para desvirtuar las imputaciones que la autoridad del trabajo les hizo”, detalló el director general de Trabajo y Previsión Social.
Cabe destacar que las empresas sancionadas aún podrán impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, los procesos están detenidos actualmente debido a la contingencia sanitaria.
Ortiz Arámbula detalló que las inspecciones de autoridad laboral continuarán. Se concentrarán en revisar las condiciones de seguridad y de salud en los centros de trabajo de jurisdicción local.
De igual manera, comentó que se han llevado a cabo 20 inspecciones extraordinarias tras denuncias hechas por los propios trabajadores.
En este caso, prefirieron llevar a cabo asesorías a las empresas para que sepan cumplir las medidas de seguridad sanitarias, todo ello para evitar sanciones a los centros de trabajo que recién comienzan a abrir para reactivar la economía.
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