En Barcelona se procesó a treinta altos cargos del anterior gobierno catalán, dirigido por Puigdemont

En Barcelona se procesó a treinta altos cargos del anterior gobierno catalán, dirigido por Puigdemont
En Barcelona se procesó a treinta altos cargos del anterior gobierno catalán, dirigido por Puigdemont

La petición de las penas por parte de la fiscalía oscila entre los siete y los 25 años de cárcel en el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras

Un juzgado de Barcelona procesó este martes a treinta altos cargos del anterior gobierno catalán dirigido por Carles Puigdemont, esto por su presunta implicación en la preparación del referendo ilegal de independencia celebrado en octubre de 2017 en esta región española.

“El juzgado de instrucción 13 procesa a 30 investigados relacionados con el 1 de octubre (fecha del referendo) por malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación”, informó en un comunicado el tribunal superior de justicia de la región.

Nueve ministros de ese gobierno regional, así como dos líderes civiles y la ex presidenta del Parlamento catalán, están siendo juzgados actualmente por el Tribunal Supremo en relación a esa votación ilegal y la infructuosa declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

La petición de las penas por parte de la fiscalía oscila entre los siete y los 25 años de cárcel en el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Sin embargo en este proceso hay una destacada ausencia, la del expresidente Carles Puigdemont, que por ahora se encuentra en Bélgica y declarado en rebeldía por parte de la justicia española que mantiene vigente una orden de detención nacional contra él si vuelve al país.

Paralelamente el juzgado 13 de Barcelona ha estado investigando desde marzo de 2017 las actividades relacionadas con el referéndum de la segunda línea de mando del gobierno regional.

Entre la treintena de procesados figuran responsables de comunicación, economía e informática del gobierno regional, los directores de los medios de comunicación públicos y jefes de empresas presuntamente contratadas para la preparación de la votación.

La juez del caso impone a los 17 procesados por malversación una fianza total de 5,8 millones de euros que, según su estimación, es la cantidad gastada para el referéndum.

El procesamiento, recurrible por parte de los implicados, es el paso previo al auto de apertura del juicio oral contra los acusados.

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