La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas expresaron su preocupación luego del asesinato del padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas
Es necesario que la gobernabilidad y la paz regresen al estado de Chiapas permeado por el incremento de la presencia del crimen organizado, demandó la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (CONFRATERNICE).
Al lamentar el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez ocurrido el domingo pasado luego de celebrar misa en el barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, el pastor Arturo Farela Gutiérrez demandó, en nombre de las iglesias cristianas en el país impedir que las investigaciones del crimen queden en la impunidad, sobre todo cuando el sacerdote fue una persona que “levantó la voz ante la inseguridad e injusticia en Chiapas”.
“Solicitamos al gobierno federal y estatal que la sangre de tantos luchadores sociales y ciudadanos chiapanecos no quede impune, entre ellas la del sacerdote Marcelo Pérez Pérez (…) Deseamos que Chiapas, que ha sido un estado impulsor de los derechos indígenas y la reivindicación de la libertad religiosa, ahora restablezca la gobernabilidad y la paz”, destacó Farela Gutiérrez en un pronunciamiento difundido en las últimas horas.
En el diagnóstico de la problemática de Chiapas, el pastor Farela destacó que durante décadas la entidad vivió presa de la “ilegalidad” así como la violación de los derechos humanos; circunstancias en las que los indígenas padecieron en carne propia “las peores atrocidades” por razones de intolerancia religiosa, injusticia social y ahora, por el crimen organizado.
“Ese estado durante décadas estuvo bajo el yugo de la ilegalidad y la violación a los derechos humanos , y a través de todo este tiempo hubo muchísimas personas, principalmente indígenas que sufrieron en carne propia siendo víctimas de las peores atrocidades por diversos motivos, por una parte, los de carácter religioso que por motivos de intolerancia causó la muerte y persecución de miles por décadas; posteriormente, la tensión política por la injusticia social, y ahora el incremento del crimen organizado en la región”, destacó el pronunciamiento por el asesinato del padre de origen tzotzil quien tenía 51 años de edad.
De acuerdo con el Gobierno Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) se hará cargo de esclarecer el homicidio ante la posibilidad de que el crimen organizado haya ordenado la ejecución del padre sepultado este lunes en San Andrés Larráinzar.
