Colombia otorgó la libertad a 99 mujeres presas por delitos menores de drogas, como parte de una nueva ley con enfoque social y de género
Un total de 99 mujeres que se encontraban privadas de la libertad en diferentes cárceles colombianas han recuperado su libertad bajo un nuevo marco jurídico impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La iniciativa tiene como objetivo reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios y transformar la política de lucha contra las drogas a través de una óptica más humana, centrada en los derechos y las condiciones sociales de las mujeres afectadas.
Las mujeres beneficiadas, muchas de ellas madres cabeza de familia y en situación de vulnerabilidad, fueron liberadas en cumplimiento de una ley aprobada en 2023 que permite el cumplimiento de penas fuera del entorno carcelario para ciertos delitos no violentos, principalmente relacionados con el tráfico menor de estupefacientes. Las salidas se realizan únicamente tras el visto bueno de un juez y están condicionadas a la realización de trabajo comunitario.
“Uno de los proyectos más importantes que tiene Colombia es la intención de proteger a las mujeres madre cabeza de familia”, expresó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, durante un acto oficial en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, en el que se anunció la aplicación de esta política.
Colombia, el principal productor mundial de cocaína, ha sido históricamente uno de los países más duros en materia de penalización de delitos de drogas. Sin embargo, el gobierno de Petro ha insistido en que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado y ha optado por alternativas centradas en la prevención, el desarrollo social y la justicia restaurativa.
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la causa más común de encarcelamiento femenino en América Latina está relacionada con drogas. En Colombia, se estima que el 13 % de la población penitenciaria son mujeres, muchas de las cuales enfrentan sentencias desproporcionadas por delitos menores.
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El nuevo marco legal busca atender especialmente a mujeres que han delinquido bajo condiciones de precariedad económica, violencia de género o responsabilidad exclusiva sobre sus familias. No obstante, la implementación de la medida ha sido más limitada de lo previsto. Aunque se identificaron cerca de 2,700 posibles beneficiarias, hasta el momento solo 99 han sido liberadas, lo que refleja los desafíos burocráticos y judiciales que enfrenta el programa.
Una de las mujeres que logró obtener la libertad es Diana Carolina Plata, quien pasó cinco años en prisión por vender marihuana para alimentar a sus hijos. “Un juez me dijo que mi caso no servía por decidir salir a delinquir en lugar de quedarme junto a mis hijos”, relató entre lágrimas. Tras su salida, se enfrentó a una dura realidad: sus hijos no la reconocían y le ha sido difícil reintegrarse.
Aunque la ley inicialmente estaba orientada a delitos vinculados con drogas, ahora contempla también ciertos casos de hurto simple y penas de hasta ocho años. Una joven de 19 años, encarcelada por el robo de un bolso, espera beneficiarse del programa. “Me da mucha rabia porque me arrepiento”, dijo. Aunque no es madre, mantiene económicamente a su familia.
El desafío para muchas mujeres no termina al salir de prisión. La reinserción social y económica representa una barrera significativa. “Tienen que prestar el servicio social y cuidar de sus familias (…) No hay oportunidades laborales”, alertó Claudia Alejandra Cardona, directora de la asociación Mujeres Libres, que acompaña a mujeres excarceladas y aboga por políticas que aborden las causas estructurales que las llevaron a delinquir.
Las organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación carcelaria en Colombia han denunciado de forma reiterada las condiciones precarias en las que viven las internas: hacinamiento, deficiencia alimentaria y falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos son algunos de los problemas persistentes.
Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que en 2019, el 79 % de las mujeres detenidas por narcotráfico en Colombia eran madres de entre uno y cinco hijos, lo que subraya el impacto desproporcionado de las políticas penales sobre los núcleos familiares más frágiles.
La reforma liderada por Petro abre un debate urgente en la región: ¿es posible combatir el narcotráfico sin criminalizar la pobreza? Para estas 99 mujeres, la respuesta comienza con una segunda oportunidad.
