La crisis de inseguridad en la Sierra “se agravó” tras el reporte de que grupos del crimen organizado reclutaron a la fuerza a niños, jóvenes y adultos de la cabecera municipal de Frontera Comalapa.
En una acción urgente, un grupo de organismos de derechos humanos que forman parte de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, no ha proporcionado cifras sobre el número de niños, jóvenes y adultos reclutados a la fuerza. Han señalado que “se desconoce el paradero de todos ellos, lo que representa una desaparición masiva de personas”.
En el documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios federales, los organismos afirman que, desde el 4 de septiembre, los enfrentamientos armados en Frontera Comalapa se han intensificado, con disparos continuos y gritos en los barrios. “La población está refugiada en sus casas, sin posibilidad de salir, confinada por la delincuencia organizada”.
Además, desde hace varios días, las principales entradas y salidas de la cabecera municipal están bloqueadas por hombres armados. “No hay acceso a alimentos básicos y hay escasez de lo poco que logran conseguir los habitantes”, señaló. También agregó que “no hay acceso a servicios básicos como salud y educación pública”.
A pesar de la presencia de cuarteles y puestos de control de la VII Región Militar en la región, se señala que los soldados no están interviniendo para restaurar la paz. “El Ejército mexicano permanece inactivo, y no hay ninguna autoridad que frene la violencia, que se está volviendo cada vez más crítica”.
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Los organismos de derechos humanos citan a habitantes que revelan que, desde hace 15 días, los grupos criminales comenzaron el reclutamiento forzoso. “Uno de los grupos criminales está recorriendo casa por casa y barrio por barrio para informar que todos están reclutados para asistir a las reuniones”, advierten.
Informaron que las personas reclutadas son obligadas a participar en bloqueos carreteros y en “otras acciones”. En caso de no asistir, enfrentan amenazas de asesinato, extorsiones, despojo de propiedades, desplazamiento forzado, castigos físicos y asesinatos, denunciaron.
Por todo esto, solicitan el establecimiento de un corredor humanitario que permita la salida segura de la población “cautiva” de los grupos armados, con el objetivo de proteger la vida e integridad física y psicológica de los habitantes de las comunidades y barrios de Frontera Comalapa y municipios vecinos.
También piden asistir a la población desplazada, garantizar su derecho a la vida e integridad física mientras están atrapados en medio de los enfrentamientos armados, y poner en marcha investigaciones para desarticular los grupos armados.
