La Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado la decisión del juez federal Enrique Hernández Miranda, quien permitió que Julio César Chávez Jr. enfrentara el proceso penal en libertad condicional, a pesar de las acusaciones por tráfico de armas y supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Este fallo ha puesto bajo el radar las investigaciones sobre el comportamiento del juez, quien, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ha sido desafiado mediante un recurso de revisión, el cual será analizado por un Tribunal Colegiado. El hijo del famoso boxeador Julio César Chávez enfrenta cargos relacionados con el contrabando de armas hacia México, un delito que, según la ley, debe implicar prisión preventiva. Sin embargo, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo le otorgó medidas cautelares más suaves, lo que permitió su liberación bajo la condición de no salir del país sin permiso judicial.
La decisión de Hernández Miranda no es un incidente aislado. Desde agosto de 2023, la Presidencia de la República lo señaló en la conferencia matutina del informe “Cero Impunidad”, presentado por el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio. Se reveló que el juez ha emitido 13 resoluciones favorables a presuntos criminales, entre ellas nueve no vinculación a proceso, una calificación de detención ilegal y tres absoluciones.
Uno de los casos más controvertidos ocurrió el 19 de julio de este año, cuando el juez determinó no vincular a proceso a un individuo acusado de tráfico de migrantes y cohecho, a pesar de que fue detenido transportando a 116 migrantes, 37 de ellos menores de edad.
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Las decisiones de Hernández Miranda también han tenido impacto en investigaciones contra importantes figuras del crimen organizado. En un caso delicado, el juez evitó dictar medidas cautelares contra Juvenal Jiménez Loza, conocido como “El Padrino”, quien está señalado como líder de una red internacional de trata de personas con operaciones en Tijuana.
Según la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta organización criminal, que operaba en el bar Adelitas, generaba hasta 100 millones de pesos mensuales a través de la explotación sexual de mujeres, incluidas extranjeras en situación de vulnerabilidad.
Fuentes federales confirmaron que tanto la FGR como la UIF están investigando posibles vínculos del juez con miembros del crimen organizado.
