A pesar de seguir los principios de austeridad republicana, en ambas empresas estatales se podrán otorgar salarios similares a los que se manejan en la industria.
A pesar de que Pemex y la CFE deben seguir los principios de la austeridad republicana, podrán contratar o mantener empleados que reciban salarios superiores al de la Presidenta de la República, ya que las nuevas leyes que regirán ambas empresas estatales establecen que se les pague “de manera equivalente a las existentes en la industria”.
De acuerdo con datos de PayScale, en Texas, un ingeniero petrolero recibe un salario mensual de 13,695 dólares, lo que equivale a 287,595 pesos, considerando un tipo de cambio de 21 pesos por dólar. En Australia, un ingeniero petrolero gana el equivalente a 249,761 pesos, mientras que el salario mensual de la Presidenta es de 239,792 pesos.
La propuesta de nuevas leyes que regirán a Pemex y a la CFE establece que “las remuneraciones para el personal deben calcularse de manera equivalente a las que existen en la industria o actividad correspondiente, y que permitan a las empresas contar y retener a los empleados más adecuados”.
Establece que “la política de recursos humanos puede incluir la asignación de incentivos o percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas, las cuales estarán sujetas a la evaluación del desempeño”.
Asimismo, señala que “la política de contratación de personal no sindicalizado debe definir los mecanismos que aseguren que los procesos de selección permitan elegir a los empleados más adecuados, cumpliendo con los requisitos establecidos para el desempeño de las funciones y el nivel de especialización requerido”.
Ambas empresas estatales deberán cumplir con obligaciones de austeridad, como “promover el uso eficiente de los recursos públicos y evitar gastos innecesarios; transparentar los procedimientos, gastos y contrataciones, e informar a los entes de fiscalización correspondientes; priorizar el beneficio público y el cumplimiento de objetivos sociales estratégicos”.
También se deberá “priorizar el uso racional de los recursos y evitar gastos que no generen beneficios para la población; simplificar procesos que no afecten la continuidad de las operaciones ni la seguridad de los trabajadores”.
Asimismo, se deberá “eficientar la estructura organizacional y ocupacional sin incrementar el presupuesto autorizado, siguiendo principios de austeridad y racionalidad, y evitando duplicidades de funciones; racionalizar la entrega de donativos y donaciones; realizar acciones de eficiencia energética en el uso de instalaciones y vehículos”.
Entre las disposiciones propuestas por la Presidenta en ambas leyes se incluyen medidas como “eficientar el consumo de papelería, artículos de oficina, servicios de mensajería, y telefonía móvil y fija; racionalizar el uso de transporte privado terrestre, marítimo y aéreo, sin afectar la operación de la empresa ni la seguridad de los trabajadores”.
