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En Reino Unido un tribunal de inmigración antepone los derechos de un violador al de su víctima; impide su deportación por cuestiones de salud

Después de pasar ocho años en prisión por violación y tres años más por tráfico de drogas, se ordenó la deportación de Joachim Cardos, de 43 años, a su país natal, pero un tribunal de inmigración lo impidió; su decisión provocó indignación en tema de Derechos Humanos y cuestionan dónde quedaron los de la víctima

El caso de deportación de Joachim Cardos, de 43 años, un inmigrante gambiano que violó a una mujer a punta de cuchillo en Edimburgo ha generado indignación en el Reino Unido, donde un Tribunal de Inmigración antepuso los derechos del violador al de su víctima, situación que ha generado un verdadero debate en torno al tema de “migración” y “Derechos Humanos”.

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Cardos es originario de Gambia, situada en la costa atlántica de África, y llegó en junio de 2007 a Gran Bretaña con visa de visitante. Al vencerse su permiso un año más tarde, en junio de 2008, permaneció como ilegal en Edimburgo y se dedicó al tráfico de drogas de Clase B.

En octubre del 2011, golpeó y violó a una mujer a punta de cuchillo. En julio de 2012, el juez Lord Hardie determinó que existía un alto riesgo de reincidencia y que Cardos representaba un peligro para las mujeres. Ahí fue sentenciado a pasar 8 años de prisión por el delito de violación y 3 años más por el de tráfico.

Comenzó su sentencia en HMP Dumfries, pero al serle diagnósticado esquizofrenia fue trasladado al Hospital Estatal de Carstairs para su atención médica.

Luego de que los médicos diagnosticaran que su enfermedad podía ser controlada con medicamente fue regresado a prisión y en enero de 2019 recibió la orden de deportación.

Ante su situación, Cardos impugnó ante el Tribunal de Asilo e Inmigración justificando su petición en que los médicamentos con los que estaba tratando su esquizofrenia no los podría conseguir en Gambia y eso perjudicaría su salud.

La respuesta del Ministerio del Interior fue ofrecerle los medicamentos necesarios para cubrir tres meses y, además, se le entrgarían 1.250 libras esterlinas para que comprara más suministros, pero el inmigrante gambiano rechazó la oferta, lo que llevó a que los jueces del tribunal determinaran su estancia bajo el fundamento de que regresarlo a su país podría implicar una violación a sus derechos humanos.

Según la prensa local, los jueces dijeron que había “un riesgo real de que experimente verdaderas dificultades en Gambia para poder acceder a un suministro regular de los medicamentos que necesita”, y agregaron: “Existe un riesgo real de al menos aislamiento social y estigmatización”.

La decisión del Tribunal de Inmigración los colocó en el “ojo del huracán” de los expertos en temas de inmigración y derechos humanos, pues consideran que de ser así, el sistema de inmigración estaba anteponiendo los derechos de los criminales extranjeros a la seguridad pública o los sentimientos de las víctimas.

Medios locales también indicaron que el portavoz de justicia conservador escocés, Russell Findlay, señaló que “la víctima de este violador bien puede desesperarse por el resultado insatisfactorio de estos prolongados procedimientos legales, que nuevamente ponen en duda la eficacia de eliminar de nuestras calles a peligrosos criminales extranjeros”.

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