El crimen organizado en Suecia ha expuesto un fenómeno alarmante: adolescentes, principalmente mujeres, que se ofrecen como sicarias a través de chats encriptados. Fiscales y expertos advierten que estas jóvenes son al mismo tiempo perpetradoras y víctimas, situación que ha sido ignorada durante años.
La fiscal Ida Arnell relató el caso de una chica de 15 años reclutada para disparar a un hombre, con la opción de apuntar a la puerta o directamente a su cabeza. Aunque el tiro lo ejecutó un cómplice de 17 años, la víctima sobrevivió. Casos como este muestran que cada vez más niñas buscan “trabajos” criminales en redes encriptadas, donde se ven obligadas a mostrarse más violentas que los varones para ser aceptadas. En 2023, unas 280 menores de entre 15 y 17 años fueron acusadas de delitos graves como homicidio o tentativa de asesinato.
Las pandillas, dedicadas al tráfico de drogas y armas, fraudes y trata, han transformado a Suecia, antes asociada con baja criminalidad. Autoridades señalan que los líderes operan desde el extranjero y utilizan intermediarios para ejecutar asesinatos, tiroteos y atentados, reclutando incluso a menores de 15 años para evadir responsabilidades legales.
El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, reconoció que durante mucho tiempo se ha visto a las niñas solo como víctimas, cuando en realidad su participación en la delincuencia organizada es mucho más amplia. Organizaciones como KSAN alertan que muchas de estas jóvenes tienen adicciones y traumas no tratados; dos tercios de las detenidas por delitos relacionados con drogas han sufrido violencia sexual.
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Testimonios como el de Natalie Klockars, quien ingresó al narcotráfico a los 19 años y vivió violencia extrema antes de dejarlo al nacer su hija, muestran cómo estas economías ilegales captan y normalizan el riesgo para las mujeres jóvenes.
En medio de un contexto de tiroteos y explosiones casi diarios, el gobierno busca endurecer medidas, incluyendo permitir a la policía interceptar comunicaciones de menores de 15 años. Expertos coinciden en que las respuestas deben ir más allá de la acción penal e incluir prevención, atención de salud mental y protección social que reconozca la doble condición de estas adolescentes: ejecutoras, pero también víctimas de violencia y manipulación.
