López Obrador calificó el hecho como un “ajusticiamiento” y destacó que la Federación apoya al gobierno de Puebla en la investigación
El gobierno de España condenó el asesinato de la activista Cecilia Monzón, ocurrido este fin de semana en Cholula, Puebla.
Además, hizo un llamado a autoridades federales y estatales para “desplegar todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente” a defensores de derechos humanos para ejercer su labor sin poner en riesgo sus vidas.
A través de un comunicado este lunes, el gobierno español envió sus condolencias a la familia de Monzón y pidió a las autoridades poblanas el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores materiales e intelectuales.
“El gobierno de España desea trasladar sus más sinceras condolencias y profunda solidaridad a su familia y amigos”, indicó.
Destacó la “valentía y el compromiso” de Monzón para defender a mujeres víctimas de violencia de género, así como para denunciar la violencia social y la política de género.
A su vez, España reclama a las autoridades poblanas una investigación que evite que el caso quede impune.
Mientras que al Gobierno de México le pide: “Desplegar todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a las personas defensoras de derechos humanos para que puedan ejercer su labor sin poner en riesgo sus vidas”.
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También esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el asesinato de Monzón como un “ajusticiamiento” y aseguró que hay coordinación con las autoriades de Puebla en la investigación.
“Fue un ajusticiamiento, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda. Fueron sobre ella”, dijo y envió un abrazo a sus familiares.
Sobre el caso, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, indicó que “hay material importante de identificación” y aseguró que no habrá impunidad.
Cecilia Monzón, abogada española y defensora de derechos humanos, fue asesinada por dos hombres que viajaban en moto. Los sicarios la persiguieron algunos metros y le dispararon frente al fraccionamiento La Riviera.
La activista fue candidata por el PVEM a la presidencia municipal de San Pedro Cholula en 2018 y en la administración del alcalde Luis Alberto Arriaga fue directora de Desarrollo Social, cargo que dejó tras denunciar la falsificación de su firma en documentos.
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CAB
