La mujer señaló que se han fabricado historias de odio y destrucción hacia su familia, “inventándoles y culpándoles de barbaridades”
La esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para detener la “encarnizada persecución política” en contra de su cónyuge y su hija Lidy Sandoval, quienes tienen órdenes de aprehensión en su contra.
Por medio de una carta, Ana Lilia López pidió una audiencia con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se conozca su verdad por medio de documentos oficiales y no por las “historias de escándalos negativas” que se han dado a conocer de los hechos.
“Contamos con todos los documentos y evidencias para comprobar que todo esto que hemos vivido es una calumnia y, a pesar de ello, siguen buscando formas de atacar y denostar a mi familia”, aseguró la mujer
Ana Lilia apuntó que, “en estos momentos de campañas electorales”, se vea el caso “como lo que es y siempre ha sido: una persecución política”.
“Mi deseo es que mi familia pueda defender su inocencia en un proceso imparcial y con todas las garantías y respeto a los derechos humanos que el Estado Mexicano brinda a sus ciudadanos”, apuntó
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Asimismo, la cónyuge señaló que se han fabricado historias de odio y destrucción hacia su familia, “inventándoles y culpándoles de distintas barbaridades sin pruebas”.
Con todo el conocimiento de causa, aseveró, “hago responsable al gobernador Antonio Echeverría García por la vida de mis hijos, la de mi esposo, y mi propia vida, ya que se han atrevido a pasar de los límites de la ley, manipulando a las instituciones para conseguir sus fines”.
Esta semana, un juez mexicano emitió una nueva orden de captura contra el exgobernador de Nayarit, prófugo de la justicia y acusado por cargos de corrupción, y contra su hija Lidy Sandoval.
Según un comunicado de Fiscalía General de la República (FGR) un juez de control de Nayarit lanzó la orden de captura y solicitó una ficha roja de Interpol contra estas personas “por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El juez consideró de relevancia e impacto social el caso, “dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit”.
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CAB
