Estados Unidos llevó a cabo su tercera ejecución en tan solo siete días, en lo que representa un repunte significativo en la aplicación de la pena capital.
El miércoles, un recluso en Mississippi fue ejecutado mediante inyección letal, tras ser sentenciado por los delitos de violación y asesinato. Esta ejecución se suma a otras dos realizadas a principios de la semana en diferentes estados del país.
Charles Crawford, de 59 años, fue ejecutado a las 18:00 horas en la Penitenciaría Estatal de Mississippi, tras ser condenado por el abuso sexual y homicidio de Kristy Ray, una joven universitaria de 20 años, en 1994.
Un día antes, el martes, se llevaron a cabo otras dos ejecuciones en los estados de Florida y Misuri, también mediante el método de inyección letal.
Además, una cuarta ejecución ya está agendada para este viernes. Se trata de Richard Djerf, de 55 años, quien será ejecutado en Arizona por el asesinato de cuatro integrantes de una familia en la ciudad de Phoenix en 1993, en un caso que conmocionó a la comunidad local.
Con estas ejecuciones, el número total de personas ejecutadas en lo que va del año en Estados Unidos asciende a 38, cifra que no se alcanzaba desde 2013, cuando se realizaron 39 ejecuciones a nivel nacional.
Florida encabeza la lista de estados con más ejecuciones en 2024 y 2025, con un total de 14. Le siguen Texas con 5, Carolina del Sur con 4 y Alabama también con 4.
En cuanto a los métodos utilizados, 32 ejecuciones se llevaron a cabo por inyección letal, mientras que otras dos fueron mediante fusilamiento y cuatro a través de hipoxia de nitrógeno, una técnica más reciente y altamente polémica.
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Actualmente, 23 de los 50 estados del país han abolido la pena de muerte. Otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias que suspenden temporalmente su aplicación. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un repunte en su uso, pese a las advertencias y críticas de organismos internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), el número de ejecuciones ha aumentado en 2024 y 2025 tras haber disminuido durante varios años consecutivos. Esta tendencia al alza ha sido atribuida a la eliminación de suspensiones temporales en algunos estados del sur y del medio oeste, así como al respaldo de gobernadores republicanos que promueven la pena capital como herramienta contra el crimen violento.
El uso de métodos de ejecución continúa generando debate. Aunque la inyección letal sigue siendo el procedimiento predominante, ha enfrentado críticas por fallos en su aplicación y la escasez de los fármacos requeridos.
En estados como Alabama y Oklahoma, hubo ejecuciones fallidas por errores técnicos, lo que derivó en demandas legales por presunto trato cruel e inhumano. Como respuesta, algunas entidades han comenzado a considerar métodos alternativos, como el fusilamiento o la hipoxia de nitrógeno, esta última utilizada recientemente en Alabama y cuestionada por expertos debido al alto nivel de sufrimiento que puede provocar.
El debate legal y ético sobre la pena de muerte permanece activo en Estados Unidos. En 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional hicieron un llamado al gobierno estadounidense para decretar una moratoria nacional, argumentando que existen sesgos raciales y desigualdades económicas en la aplicación de este castigo.
No obstante, la administración de Donald Trump ha defendido la vigencia de la pena capital, resaltando el derecho de cada estado a tomar decisiones soberanas sobre su sistema penal, y subrayando que “las víctimas merecen justicia total”.
