El gobierno de EE. UU. anunció que ampliará la restricción de visas a familiares y socios de personas ligadas al narcotráfico, como medida disuasoria
El gobierno de Estados Unidos reforzará su política migratoria al imponer nuevas restricciones de visa dirigidas a familiares cercanos y colaboradores de individuos sancionados por actividades relacionadas con el narcotráfico, específicamente bajo la Orden Ejecutiva 14059, firmada por el presidente Joe Biden en diciembre de 2021.
La decisión fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien detalló que esta medida busca ampliar el alcance de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aplicable a personas extranjeras involucradas en el tráfico de sustancias controladas.
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“Anuncio una nueva política de restricción de visas para familiares y socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a nuestro país”, señaló Rubio.
La orden ejecutiva, titulada “Imposición de Sanciones a Personas Extranjeras Involucradas en el Comercio Ilícito de Drogas a Nivel Global”, permite al gobierno estadounidense aplicar sanciones que van desde la congelación de activos hasta la prohibición de entrada al país. Su principal objetivo es frenar el tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo, responsable de una crisis sanitaria sin precedentes en la Unión Americana.
Según cifras oficiales, el fentanilo ha cobrado más de 100 mil vidas por sobredosis en los últimos años. Solo en 2024, se estima que el país ha registrado un promedio diario de más de 220 muertes por esta causa. Esta sustancia, muchas veces mezclada con otros opioides, se ha convertido en la principal causa de muerte entre personas de 18 a 44 años.
El Departamento de Estado subrayó que el impacto de esta crisis es tan grave que al menos el 40 por ciento de los ciudadanos estadounidenses conoce a alguien que ha fallecido por una sobredosis de opioides. Por ello, Estados Unidos está determinado a emplear todas sus herramientas legales, diplomáticas y migratorias para combatir esta amenaza.
Además del control sobre los principales operadores del narcotráfico, la nueva política tiene la intención de debilitar las redes de apoyo económico y social que rodean a estas personas. Al afectar también a sus allegados, se busca crear una disuasión adicional para quienes consideran involucrarse directa o indirectamente en estas actividades.
La administración Biden ha insistido en la cooperación internacional para detener el flujo de precursores químicos y redes de distribución que operan a través de fronteras. Esta nueva acción se suma a otras sanciones financieras y diplomáticas en curso, dentro de una estrategia integral para frenar la epidemia de opioides que azota al país.
