Una acusación federal en Estados Unidos sostiene que Nicolás Maduro encabezó por más de 25 años una red criminal ligada al narcotráfico y a grupos transnacionales
De acuerdo con el expediente actualizado, los fiscales estadounidenses afirman que Maduro utilizó dependencias del Estado venezolano para facilitar el tráfico de drogas, corrompiendo instituciones públicas y garantizando protección policial y logística a diversas organizaciones criminales. La acusación sostiene que este esquema permitió el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos durante años.
Entre los grupos presuntamente beneficiados figuran el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Según la fiscalía, estas organizaciones recibían impunidad a cambio de pagos millonarios y apoyo político, lo que habría consolidado una red criminal con alcance internacional y vínculos directos con altos funcionarios del gobierno venezolano.
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El documento judicial también indica que se habrían vendido pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes de alto perfil, además de facilitar vuelos con cobertura oficial para el traslado de droga y recursos ilícitos entre Venezuela, México y Estados Unidos. Estas operaciones, señalan los fiscales, contaban con respaldo institucional y mecanismos para evadir controles internacionales.
En el proceso se imputan a Maduro cuatro delitos federales. Entre ellos se incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armas de uso exclusivo militar. La acusación no se limita al mandatario, ya que también alcanza a su esposa, Cilia Flores, y a otros funcionarios de alto nivel dentro del aparato gubernamental.
En el caso de Flores, los señalamientos incluyen presuntas órdenes de secuestros y homicidios, además de la aceptación de sobornos desde 2007 para facilitar contactos entre narcotraficantes y autoridades venezolanas encargadas del combate a las drogas. Estos elementos amplían la acusación original presentada en 2020 y refuerzan la tesis de una estructura criminal arraigada en el poder.
Se prevé que Maduro comparezca ante un tribunal federal para la notificación formal de los cargos y la revisión de su representación legal. El proceso podría prolongarse durante varios meses, aunque no se descarta una eventual negociación judicial. El caso quedará bajo la supervisión del juez federal Alvin Hellerstein, quien ya conocía la acusación previa.
Especialistas señalan que la defensa podría intentar alegar inmunidad como jefe de Estado extranjero, aunque este argumento enfrenta obstáculos, particularmente por precedentes como el del exdictador panameño Manuel Noriega, juzgado en Estados Unidos tras su captura en 1989. También podrían plantearse recursos por persecución política o prescripción, aunque la fiscalía sostiene que se trata de conspiraciones continuas.
El caso contra Nicolás Maduro tiene implicaciones que trascienden el ámbito judicial, al incidir en el escenario político y geoestratégico regional, así como en la cooperación internacional contra el narcotráfico. La atención se concentra ahora en los tribunales federales de Nueva York, donde se definirá el rumbo de uno de los procesos más relevantes de la justicia estadounidense en años recientes.
