El delito de posesión de cocaína con intención de venderla contempla una pena mínima de 10 años de cárcel y la amenaza de deportación a México.
El ex beisbolista Esteban Loaiza, quien está acusado de tráfico de drogas, obtuvo libertad bajo fianza este fin de semana, pero deberá permanecer en arresto domiciliario durante el juicio y portar un brazalete de GPS.
Este viernes, Loaiza acudió al Tribunal de Distrito del sureste de California y entró por la puerta principal junto a su abogada Janice Deaton, para finalizar los trámites de su liberación condicional.
Vestido con camisa blanca de manga larga y pantalones oscuros, Loaiza se presentó ante la jueza federal Janis Sammartino para discutir diversos asuntos pendientes como las mociones de la defensa solicitando al ministerio público, representado por el fiscal Jarad Hodes, que preserve la evidencia recopilada y que divulgue la identidad del informante, que permitió a las autoridades detener a Loaiza.
Después de la presentación de las partes, Deaton solicitó el aplazamiento de la audiencia para continuar con la evaluación de los documentos recibidos como parte del descubrimiento de prueba. La próxima cita judicial será el 13 de julio.
El ex jugador había permanecido en la cárcel desde el 9 de febrero pasado cuando fue arrestado tras haberse cumplido una orden de registro y allanamiento, que permitió que los agentes entraran a la residencia que el viudo de Jenni Rivera alquilaba en el 1044 de la Avenida Fern, en Imperial Beach, al sureste de San Diego.
Ahí la policía encontró 20 paquetes de lo que aparentaba ser 20 kilogramos (44 libras) de cocaína, escondidos dentro de un Nissan Versa estacionada en el garaje de la casa.
Loaiza quedó en libertad con grillete electrónico y bajo arresto domiciliario la mañana del viernes, luego de que su expareja Ashley Esposito ofreció su residencia en Mansfield, Texas, como colateral para garantizar la fianza de 166 mil dólares impuesta por el juez federal Anthony Battaglia.
El delito de posesión de cocaína con intención de venderla contempla una pena mínima de 10 años de cárcel y la amenaza de deportación a México, su país de origen, de ser hallado culpable.
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