El gobierno de EU habilitó una nueva zona militar en Texas para frenar la migración irregular, reforzando la vigilancia fronteriza con tropas adicionales
El gobierno estadounidense ha reforzado nuevamente su presencia militar en la frontera con México mediante la creación de una segunda zona militarizada en el estado de Texas, donde las tropas pueden detener temporalmente a personas que ingresen de forma irregular. Esta acción expande una política ya implementada en Nuevo México, consolidando el aumento de la seguridad fronteriza impulsado durante la actual administración.
Esta medida forma parte de las estrategias agresivas que el expresidente Donald Trump reinstaló tras su regreso al poder, destinadas a endurecer la vigilancia en la frontera sur de Estados Unidos. Desde su primera gestión, Trump había prometido deportaciones masivas y el despliegue de miles de militares para contener los flujos migratorios, una política que continúa ampliándose.
A principios de mes, el gobierno estadounidense había delimitado un corredor de aproximadamente 18.3 metros de ancho en las inmediaciones de una base militar en Nuevo México, designándola oficialmente como “Área de Defensa Nacional”. Esta misma figura legal fue replicada el jueves pasado en Texas, confirmando la creación de un nuevo perímetro de seguridad fronteriza.
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El Ejército estadounidense informó que la nueva “Área de Defensa Nacional de Texas” permitirá a las tropas detener temporalmente a personas que crucen ilegalmente la frontera, aunque la responsabilidad última sobre la custodia y el procesamiento sigue en manos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Según el Departamento de Defensa, las personas interceptadas por los militares serán entregadas directamente a la Patrulla Fronteriza u otras autoridades civiles.
Hasta la fecha, se han presentado cargos contra 82 migrantes por haber ingresado a través de la primera zona de seguridad en Nuevo México, aunque ninguna detención ha sido ejecutada directamente por las tropas desplegadas; esas acciones han sido realizadas por el CBP.
El establecimiento de estas áreas militares otorga al gobierno federal la posibilidad de utilizar efectivos militares para contener la migración sin necesidad de activar la Ley de Insurrección de 1807. Esta ley concede al presidente de EE.UU. la autoridad para desplegar fuerzas armadas en respuesta a situaciones internas como disturbios civiles o insurrecciones.
A pesar de la insistencia de Trump por mantener la opción de invocar esta legislación, un alto funcionario del gobierno, que solicitó el anonimato, señaló que la semana pasada el secretario de Defensa, Pete Hegseth, concluyó que, por el momento, no es necesario recurrir a dicha ley para hacer frente al fenómeno migratorio.
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Cabe recordar que la última vez que la Ley de Insurrección fue aplicada en el país ocurrió en 1992, durante los disturbios raciales en Los Ángeles, lo que da cuenta de la gravedad que amerita su implementación.
En la actualidad, cerca de 11,900 soldados están desplegados a lo largo de la frontera suroeste de EE.UU., lo que representa uno de los mayores despliegues en décadas. Sin embargo, pese a este refuerzo, las cifras oficiales indican que en marzo se registró la cifra más baja de detenciones de migrantes cruzando de manera irregular desde que se tiene registro, lo que algunos analistas atribuyen tanto a las medidas de disuasión como a cambios estacionales en los flujos migratorios.
Las nuevas áreas militares han generado inquietud en diversos sectores, incluidos grupos defensores de derechos humanos y organizaciones que trabajan con migrantes, quienes temen que el aumento de la presencia castrense derive en situaciones de abuso o vulneración de derechos fundamentales.
En este contexto, la administración estadounidense ha reiterado que las fuerzas armadas desplegadas solo actuarán en labores de apoyo y en estricto apego a las leyes vigentes, subrayando que no tienen facultades para realizar detenciones prolongadas ni procesos judiciales. La Patrulla Fronteriza sigue siendo la autoridad primaria para gestionar todos los aspectos relacionados con el ingreso irregular al país.
Con esta nueva acción, el gobierno reafirma su postura de mantener un férreo control sobre la frontera sur, mientras continúa evaluando posibles medidas adicionales para contener la migración irregular, un tema que sigue marcando la agenda política de cara a las próximas elecciones presidenciales.
