Tras el tiroteo en una escuela de Mineápolis, la Administración Trump propone restringir la venta de armas a personas trans, desatando controversia legal y social
El tiroteo ocurrido en la Escuela Católica de la Anunciación en Mineápolis, donde murieron dos niños y 21 resultaron heridos, abrió un nuevo debate sobre el control de armas en Estados Unidos. La atacante, identificada como Robin Westman, era una mujer trans, lo que llevó a la Administración Trump a evaluar medidas legales que limiten el acceso a armas de fuego para personas transgénero.
La propuesta, divulgada por CNN, sugiere vincular la venta de armas con evaluaciones de salud mental específicas para individuos con disforia de género, una medida que ha generado críticas y preocupación sobre posibles violaciones de derechos. Según un funcionario del Departamento de Justicia citado por CNN, el objetivo es “garantizar que las personas con enfermedades mentales que sufren disforia de género no puedan obtener armas de fuego mientras se encuentren inestables y enfermas”.
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Expertos señalan que esta medida podría enfrentar serios obstáculos legales. La ley federal establece que solo un juez puede declarar a alguien mentalmente “defectuoso” antes de restringirle el derecho a portar armas. Además, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la disforia de género como enfermedad mental en 2018, lo que cuestiona la base de la propuesta.
GLAAD, organización que defiende los derechos de la comunidad LGBT+, criticó la iniciativa al señalar que “en lugar de soluciones reales, la administración está utilizando a la comunidad transgénero como chivo expiatorio”. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, también condenó la medida: “Cualquiera que esté aprovechando esta situación para demonizar a nuestra comunidad trans o a cualquier otra comunidad, ha perdido su sentido de la humanidad común”.
Esta no es la primera acción de la administración Trump que afecta a personas trans. Anteriormente, se prohibió su participación en el servicio militar y en competiciones deportivas financiadas por el Estado. Para diversos colectivos civiles, la nueva propuesta representa un paso más hacia la restricción de derechos fundamentales.
El debate actual une temas sensibles: salud mental, seguridad pública y derechos constitucionales. Mientras algunos sectores la defienden como una forma de prevenir ataques, críticos advierten que podría generar políticas discriminatorias y vulnerar la Segunda Enmienda. Por ahora, las discusiones permanecen en una fase inicial, pero el tema promete intensificar la polarización sobre armas y derechos de las minorías de género en Estados Unidos.
