Evitan licitar 65% de obras públicas; auditorías de la Contraloría

Juan Carlos Ávila López

En 65 por ciento de las obras públicas que auditó la Contraloría General de la Ciudad de México no se llevó a cabo el proceso de licitación que establece la ley.

En algunos casos la entrega tardía de recursos públicos obligó a los funcionarios a realizar adjudicaciones directas, pero en otros fue una omisión deliberada de los funcionarios. Es lo que arrojan las auditorías realizadas entre marzo y mayo pasados.

“Aunque la regla general es que los contratos se liciten, un gran porcentaje de las sanciones son porque los contratos no se licitaron, pudiéramos estar hablando de un 65 por ciento”, dijo en entrevista el director general de asuntos jurídicos y responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan Carlos Ávila López.

Explicó que en algunos casos hay dolo del funcionario, que decide no hacer licitación y hacer adjudicación directa, pero en otros es porque los recursos económicos les llegaron a última hora y tuvieron que hacer una asignación directa para no dejar de ejercerlos.

“Es por un tema presupuestal, muchas veces los recursos no están disponibles y cuando le llegan –al funcionario- ya no le da tiempo de hacer una licitación, y opta por la adjudicación directa”, dijo.

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“A veces una dependencia tiene que impermeabilizar de inmediato porque se viene la temporada de lluvias, pero el dinero para la obra no se lo han entregado y ya para cuando se lo entregan sólo tienen tiempo de hacer una adjudicación directa”, ejemplificó.

Para corregir estas situaciones, dijo Ávila López, es fundamental revisar y acortar los tiempos de entrega de recursos, y simplificar los procesos burocráticos.

El contralor general de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, explicó a Excélsior que gran parte de los esfuerzos de la dependencia a su cargo se han concentrado en auditar obras públicas.

Así habló de que en esta administración “ha habido un cambio de paradigma; el año pasado, de septiembre a diciembre, sancionamos a cerca de mil 400 funcionarios públicos –no sólo en obra pública, sino en todos los temas que se auditan– y eso representa sanciones económicas millonarias”, explicó.

Detalló que el ente que lleva a cabo la parte de recaudación por afectación al erario es la Procuraduría Fiscal, la cual inicia los juicios resarcitorios.

Esa dependencia le demanda a los servidores públicos créditos fiscales “o a las empresas –contratadas por una dependencia pública– que hicieron una mala obra, cobraron doble o hicieron algo incorrecto”.

Rovelo Pico aseguró que la Contraloría General ha “tratado de tener un acompañamiento más cercano con la Procuraduría Fiscal para que efectivamente ese daño al erario se transforme en mejores condiciones sociales para la ciudad: hospitales, escuelas, servicios, que tenga una traducción favorable”, comentó.

Delegaciones, a la cabeza

La Contraloría General realizó, del primero de marzo al primero de mayo pasados, auditorías a las dependencias locales y delegaciones como parte de su segundo bloque de auditorías del año.

En este último las delegaciones son las que presentan más casos de contratación de obra pública irregular, en las que no hubo licitación: de los 42 funcionarios que fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por estos hechos, más de la mitad, 22, fueron funcionarios delegacionales.

Ello a pesar de que las demarcaciones cuentan con contralorías internas.

“Muchas veces la delegación no da vista o no informa a la Contraloría del modelo de contratación por el cual se está adjudicando un contrato, entonces se detecta hasta que se audita o investigamos formalmente”, explicó el director general de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General.

Sobre si la Contraloría Interna de las delegaciones debería solicitar esa información señaló que así sucede.

“De hecho, cuando la Contraloría Interna tiene conocimiento o un indicio de que algo sucedió, empieza el proceso de investigación, sin embargo, para cuando tiene conocimiento, la asignación de contrato ya finalizó; por eso, al final, es sancionado el funcionario”, explicó.

Al descubirse que un funcionario adjudicó directamente una obra, puede haber dos escenarios: “Dependiendo de la gravedad, la forma en la que se realice la adjudicación, si hubo o no daño patrimonial, puede ser que sí se hayan contratado los servicios, que sí se haya construido la obra, pero que el proceso de adjudicación de la obra haya sido deficiente, eso es lo que valoramos al momento de sancionar”, detalló Ávila López.

“Cuando faltó un mínimo requisito, entonces amerita una mínima amonestación, o una suspensión del funcionario –de 30 a 90 días-, pero si adjudicó excediendo los mínimos que establece la Ley de Presupuesto y hubo un daño, o se compró a precios mucho más altos que los del mercado, la sanción puede llegar hasta una inhabilitación de 10 o 20 años”, concluyó.

Ciudadanos no denuncian

Ninguna investigación realizada por la Contraloría General de la ciudad de México en el segundo bloque de auditorías de 2016 fue producto “de la denuncia de un ciudadano, que hubiera hecho de conocimiento de la contraloría que le habían pedido dinero o alguna dádiva para recibir un servicio o un bien”, dijo el director general de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, Juan Carlos Ávila López.

Para lograr que los ciudadanos denuncien, la Contraloría está tratando de mejorar sus herramientas. La Dirección general de Auditoría Cibernética generó en la página de internet un instrumento que todos los ciudadanos pueden emplear.

Para entrar al sistema de quejas en la página www.contraloria.cdmx.gob.mx, del lado derecho del portal está el recuadro Sistema de Denuncia Ciudadana.

Al entrar a esa liga el denunciante da su nombre, correo electrónico y teléfono, y abajo hay un recuadro para describir los hechos a denunciar.

A la descripción de los hechos puede agregar los documentos, fotografías o videos que contribuyan a sustentar la denuncia, y una vez que coloque los documentos deseados ya puede registrar su denuncia.

“Antes si un ciudadano presentaba su queja, tardaba una o dos semanas a partir de que se mandaba a la contraloría competente, ésta lo trabajaba dos o tres semanas, y después pasaba un mes o mes y medio para que el ciudadano tuviera un primer resultado”, recordó.

Con esta herramienta la denuncia se canaliza de manera inmediata a la contraloría interna correspondiente, tiene el número de folio de seguimiento y el ciudadano tiene la oportunidad de darle seguimiento por internet a su queja.

“Si una persona manda su queja a la contraloría interna del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se radica la queja, se cita al servidor público responsable, sin necesidad de que esté presente la persona que presentó la queja”, dijo Ávila López.

Georgina Olson
CIUDAD DE MÉXICO.

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