El 31 de enero, el juzgado dictó auto de formal prisión contra el ex subsecretario de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas Rosas
Maribel Cervantes Guerrero, ex comisionada de la Policía Federal, promovió un amparo ante la posible orden de aprehensión que pudo haber girado en su contra el juez que ordenó la captura de ex funcionarios por el caso Rápido y Furioso.
Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías, donde la ex servidora pública pidió la protección contra la presunta orden emitida por el juzgado Noveno de Distrito en Sonora.
El juez de amparo no se pronunció por la suspensión, porque la ex secretaria de Seguridad Pública del Estado de México no la solicitó.
El juzgado Noveno de Distrito otorgó siete órdenes de captura a la Fiscalía General de la República (FGR) para detener a ex mandos de la Policía Federal, por su probable responsabilidad en el delito de omisión, por permitir el ingreso de armas de fuego a territorio mexicano.
El 31 de enero, el juzgado dictó auto de formal prisión contra el ex subsecretario de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas Rosas, convirtiéndose hasta el día de hoy en la única persona detenida por este asunto.
También se ordenó aprehender al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y a su mano derecha el ex jefe de la División de Inteligencia, Luis Cárdenas Palomino, así como al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Tanto García Luna como el narcotraficante están presos en Estados Unidos, señalados por diversos delitos.
Mientras que Cárdenas Palomino permanece interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta un proceso por tortura.
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Sin embargo, no se ha cumplimentado la orden de aprehensión por el tema del ingreso de las armas a territorio mexicano. Aún está pendientes tres órdenes de captura contra ex servidores públicos, de quienes no se ha revelado sus nombres.
En enero y febrero de 2021, la FGR citó a comparecer en calidad de testigos a 14 ex funcionarios federales, entre ellos, al ex presidente Felipe Calderón, y a los ex procuradores generales de la República, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez.
También citó al ex jefe de la División Antidrogas de la PF, Ramón Eduardo Pequeño García; a Felipe de Jesús Gallo, actual titular de la Coordinación de Métodos de Investigación de la FGR; a Maribel Cervantes; Carlos Fernando Luque Ordóñez, quien formó parte de la PGR y que fue enviado al estado norteamericano de Arizona como enlace con la oficina de la ATF en 2009, entre otros.
De acuerdo con la indagatoria SEIDO/UEITA-SON/0000306/2020, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, ordenó el ingreso ilegal a México de más de 2 mil 500 armas de fuego para detectar a los compradores, armamento que se perdió y cayó en manos de cárteles del narcotráfico y que fue utilizado en crímenes de alto impacto, desde 2009.
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CAB
