A casi diez años de la firma del acuerdo de paz, siete excomandantes de las FARC fueron condenados en Colombia por más de 21 mil secuestros.
Por primera vez desde la firma del histórico acuerdo de paz en 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia contra la cúpula de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El fallo recayó sobre siete antiguos comandantes de la guerrilla, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quienes fueron responsabilizados por el secuestro de 21.396 personas durante el conflicto armado.
La resolución judicial establece sanciones alternativas a la cárcel, tal como quedó contemplado en el pacto de paz firmado con el entonces presidente Juan Manuel Santos. Los exjefes deberán someterse a restricciones de movilidad y realizar actividades de reparación simbólica y práctica en favor de las víctimas. Entre estas tareas se incluyen labores de desminado, acciones para localizar desaparecidos y otros trabajos comunitarios en zonas donde operaron como insurgentes.
El tribunal concluyó que el secuestro no fue un hecho aislado, sino una política aplicada de forma sistemática por la organización. “Mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”, señaló uno de los magistrados durante la lectura del fallo en Bogotá.
Los excomandantes, ausentes en la audiencia, recordaron mediante un comunicado que ya habían aceptado su responsabilidad en 2022 y se declararon dispuestos a cumplir con las obligaciones impuestas. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años”, expresaron, además de reiterar su compromiso de “cumplir” con el propósito de reparar a la sociedad colombiana.
La sentencia, que tardó más de siete años en emitirse, ocurre en un contexto de fuertes críticas por parte de sectores que cuestionan lo que consideran una indulgencia hacia los antiguos rebeldes. Estos señalamientos se refieren a la ausencia de penas de prisión para quienes están también imputados por otros delitos de lesa humanidad, entre ellos el reclutamiento de menores.
Durante más de cinco décadas de confrontación, las FARC recurrieron al secuestro de militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como una de sus principales fuentes de presión y financiamiento. El acuerdo de 2016, que desmovilizó a cerca de 13.000 combatientes y colaboradores, estableció que quienes confesaran sus crímenes y ofrecieran reparación a las víctimas podrían evitar la cárcel y participar en la vida política del país.
Con esta decisión, la JEP marca un hito en la justicia transicional colombiana y envía un mensaje de reparación a las víctimas que, tras años de espera, ven reconocida la magnitud de los abusos cometidos durante el conflicto armado.
