Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, obtuvo una suspensión provisional para evadir una posible detención, mientras se define el curso de un juicio de amparo
Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, consiguió una suspensión provisional que le permite evadir una posible detención, en tanto se define el curso de un juicio de amparo promovido para impugnar una orden de aprehensión en su contra. Esta medida fue otorgada por un juzgado federal de la Ciudad de México, y está sujeta a ciertas condiciones económicas y legales.
De acuerdo con el fallo emitido por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, la suspensión tiene efectos inmediatos que impiden su detención, incluso si se le atribuyen delitos considerados de prisión preventiva oficiosa. Para que la protección siga vigente, el exmandatario deberá cubrir una garantía económica de 52 mil pesos dentro de un plazo de cinco días hábiles.
Te puede interesar: La FGR busca detener a Silvano Aureoles, según el Gabinete de Seguridad
La decisión judicial tiene como objetivo mantener el statu quo legal mientras se analiza si Aureoles Conejo puede acceder a una suspensión definitiva, lo cual dependerá del avance del juicio de amparo. Esta estrategia legal ha sido común entre figuras públicas señaladas por delitos de alto impacto, pues les permite enfrentar el proceso sin estar bajo custodia.
Investigación por manejo irregular de recursos públicos
El exgobernador es señalado por autoridades judiciales como presunto responsable del desvío de recursos públicos por más de 3,400 millones de pesos. Los fondos estaban destinados originalmente a la construcción de siete cuarteles para la policía estatal, ubicados en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, apuntan a una serie de operaciones irregulares que incluyen arrendamientos opacos y compras de inmuebles sin justificación financiera adecuada, así como movimientos bancarios sospechosos que podrían involucrar lavado de dinero.
En este contexto, cuatro exfuncionarios cercanos a Aureoles ya han sido vinculados a proceso. Todos ellos ocupaban cargos estratégicos durante su gestión al frente del Ejecutivo estatal:
- Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública.
- Carlos Maldonado Mendoza, extitular de la Secretaría de Finanzas.
- Elizabeth Villegas Pineda, exresponsable de la administración de recursos en la SSP.
- Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la misma corporación.
Estos excolaboradores se encuentran actualmente bajo prisión preventiva justificada y enfrentan acusaciones por peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso ha sido uno de los más relevantes en materia de corrupción estatal en los últimos años, por el volumen de los recursos implicados y por el alcance político de los implicados. La situación legal de Aureoles se encuentra ahora en manos del Poder Judicial, que deberá determinar si procede la suspensión definitiva del acto reclamado, y si existe o no una orden de aprehensión formal en su contra.
En tanto, el desarrollo del juicio de amparo será clave para definir el futuro inmediato del también exdiputado federal y excandidato presidencial, quien ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, mientras sus abogados preparan la estrategia jurídica de defensa.
