Un tribunal condenó a 20 años de cárcel a un exjefe del Ejército por la matanza de 25 indígenas de origen maya, la mayoría menores de edad.
Un exjefe del Ejército fue condenado a 20 años de cárcel por un tribunal de Guatemala, por la matanza de 25 indígenas de origen maya, la mayoría de ellos menores de edad, esto durante la guerra civil del país centroamericano (1960-1996).
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A mediados de 1982 ocurrió la masacre de 25 achiés -17 de los cuales eran niñas y niños- en Rancho Bejuco, un pequeño caserío en el departamento Baja Verapaz, al norte de la capital. En ese entonces, gobernaba el general Efraín Ríos Montt, quien fue condenado por genocidio en 2013, pero cuya condena fue vacada por un tecnicismo por un tribunal superior.
Los 17 meses de gobierno de Ríos Montt, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fueron el período más sangriento del conflicto civil guatemalteco, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
De acuerdo a la fiscalía, seis de los imputados eran miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), creadas por el Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno para controlar a la población, y dos eran comisionados militares que coordinaban las PAC y el Ejército.
Uno de los argumentos del tribunal para liberar a los ocho exparamilitares es que actuaron por órdenes del coronel retirado del Ejército Juan Ovalle y, de no cumplirlas, habrían sido asesinados.
Según los fiscales, Ovalle dio la orden de masacrar a los habitantes de Rancho Bejuco en represalia por la negativa de algunas personas a unirse a las PAC. El militar se encuentra preso desde 2016 por otra masacre ocurrida también en 1982 donde 64 personas fueron asesinadas.
“La sentencia no está sustentada, como representante de las víctimas vamos a apelar porque consideramos que había elementos para emitir una sentencia condenatoria para todas las personas (…) ellos eran parte de la estructura militar”, dijo Lucía Xiloj, abogada de los familiares de las víctimas.
El caso “Rancho Bejuco” es uno de varios que se produjeron durante la guerra civil guatemalteca -uno de los conflictos bélicos más largos librados en el marco de la Guerra Fría- que actualmente se encuentran en los tribunales del país. Estos han sido posibles gracias a que los sobrevivientes y familiares de las víctimas han presionado a la justicia por años.
Las exhumaciones de las osamentas iniciaron en 1999, dos años después de presentarse la denuncia penal por la muerte de las 25 personas. Las capturas de los responsables y absueltos se dieron en febrero de 2022, 16 meses después inició el juicio oral en contra de los implicados.
