El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria señala que anular la prisión preventiva oficiosa permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas exhortó urgentemente a México a anular la prisión preventiva oficiosa.
En un comunicado emitido este lunes 5 de septiembre y previo a la discusión que se mantendrá al respecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miriam Estrada-Castillo, la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo, señaló que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos”.
La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares, recordó la experta.
El Grupo de trabajo señaló que imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
La prisión preventiva oficiosa es contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención, dijo Estrada-Castillo. Además, pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario,” dijo la Dra. Estrada-Castillo.
“Anular la prisión preventiva oficiosa no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario”, dice el comunicado.
El Grupo de Trabajo reiteró que la prisión preventiva oficiosa pone a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Anular la prisión preventiva oficiosa no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario. México tiene una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años”, aseguró.
Este lunes, el Pleno de la SCJN discutirá y se pronunciará sobre un proyecto del ministro Luis María Aguilar que plantea invalidar el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al igual que el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución.
Según el ministro Aguilar Morales la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar desproporcionada y que atenta contra los principios constitucionales.
En caso ser aprobado el proyecto con mayoría calificada de ocho votos, la medida cautelar dejará de aplicarse en el país, lo que beneficiaría a miles de personas.
También este lunes, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aseguró que el debate sobre la prisión preventiva oficiosa se llevará a cabo “con independencia y con plena responsabilidad”.
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CAB
