Expertos de la ONU señalan a Nicaragua por violaciones generalizadas a los derechos humanos. Los expertos cifraron en “miles” los nicaragüenses afectados por las violaciones a sus derechos. Empezaron a ser reprimidos desde 2018 por el gobierno de Daniel Ortega.
El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, está cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos que equivalen a crímenes de lesa humanidad contra civiles por razones políticas, advirtió este jueves el Grupo de Expertos en Derechos Humanos, órgano independiente encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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En su exposición este día en Ginebra, Suiza, el grupo explicó que los presuntos abusos incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. Según el informe, estos abusos no son un fenómeno aislado, sino el producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.
“Estas violaciones y abusos se están perpetrando de manera generalizada y sistemática por razones políticas, lo que constituye los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, la deportación y la persecución por motivos políticos”, subrayó el experto independiente Jan Simon. “La población nicaragüense vive con miedo a las acciones que el propio Gobierno pueda tomar contra ellos”.
“Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar las ramas ejecutiva, legislativa, judicial y electoral para desarrollar e implementar un marco legal destinado a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opuestas”, agregó Simon. “El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
Por ello, pidió a la comunidad internacional imponer sanciones a las instituciones o personas involucradas. El informe expuesto durante la 52 sesión del organismo, identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018.
“El Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes”.
El informe también dijo que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida la violencia sexual y de género en el contexto de la detención, el interrogatorio y la detención de los opositores.
Además, el informe encontró que el Gobierno ha utilizado la detención arbitraria como una herramienta para silenciar a los críticos. Muchos arrestos se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la violencia a manos de grupos armados progubernamentales; muchas personas fueron detenidas sin órdenes judiciales y mantenidas incomunicadas.
“Todas estas acciones son posibles porque el Estado ha sido utilizado como un arma de persecución contra la población”, dijo la experta Angela Maria Buitrago. “Miles de defensores de los derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país”, sostuvo.
Según el recuento oficial, desde diciembre de 2018, al menos 3 mil 144 organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas, y prácticamente todos los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos operan desde el extranjero. La situación sigue empeorando pues en febrero de este año, las autoridades nicaragüenses privaron a 222 personas de varios perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser “traidores a la patria”.
El mismo mes, el Tribunal de Apelaciones de Managua declaró que otras 94 personas que residían en Nicaragua y en el extranjero fueron traidoras a la patria y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar la confiscación de sus activos a favor del Estado.
“El grupo concluyó que el presidente Daniel Ortega y el vicepresidente Rosario Murillo han puesto en práctica los patrones de estos crímenes, y continúan haciéndolo a partir de la fecha de este informe”, dijo el informe. “Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el GHREN y descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a la responsabilidad penal individual de los declarados culpables, ya sea bajo el derecho penal internacional o de acuerdo con las definiciones penales en la legislación nicaragüense o de terceros países”, dijo Simon.
El informe solicitado desde marzo de 2022 pide al Gobierno que libere inmediatamente a todas las personas arbitrariamente privadas de su libertad, ponga fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y lleve a cabo investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y crímenes documentados para responsabilizar a los perpetradores.
Con información de Excelsior
