Varios detenidos expresaron tener dudas sobre el proceso legal que los involucra, lo cual está generando un ambiente de desconfianza hacia las autoridades
En el estado de Tabasco las cosas parecen ir de mal en peor en temas de atención a la justicia hacia los sectores más vulnerables, ya que el sistema ministerial se encuentra estancado.
Carlos Manuel Merino Campos heredó un grave problema en este sentido al actual mandatario Javier May, lo que, al parecer, por tratarse del mismo origen político, todo podría seguir igual.
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Tan sólo en lo que va de 2024, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos lleva registradas 525 quejas, que en su mayoría son contra la Fiscalía General del Estado por el tema de integración de carpetas, así como de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Bienestar.
Muchos detenidos expresan dudas sobre el proceso legal que los involucra, lo que genera un ambiente de desconfianza hacia las autoridades.
Además, algunos denunciantes mencionan que no conocen a su asesor jurídico, lo que complica aún más su situación.
Es por eso que los ciudadanos resaltan la importancia de garantizar el acceso a una defensa adecuada y la transparencia en los procesos judiciales, aspectos fundamentales para proteger los derechos humanos en el estado que el gobierno tabasqueño ha quedado a deber.
