Cerca de la medianoche del 21 de diciembre de 1989 grupos de desconocidos dispararon contra la multitud que se manifestaba en las principales avenidas de la capital de Rumanía
El primer presidente de Rumanía tras la caída del comunismo, Ion Iliescu, será juzgado por crímenes de lesa humanidad por su supuesta responsabilidad en los asesinatos de más de un millar de civiles durante la revolución de 1989.
Así lo anunció este lunes en Bucarest el fiscal general, Augustin Lazar, tras dar por cerrada la controvertida investigación -la más larga de la justicia rumana- sobre la violenta revuelta que acompañó a la caída del dictador Nicolae Ceausescu hace casi tres décadas.
Según el portal de noticias regional Balkan Insight, además de Iliescu, de 89 años, están inculpados el ex viceprimer ministro Gelu Voican Voiculescu, de 78, y el excomandante de las Fuerzas Aéreas rumanas Iosif Rus, de 83 años, mientras que otras personas inicialmente acusadas ya han muerto.
En un comunicado, la Fiscalía afirma que los inculpados aceptaron de forma consciente el asesinato de ciudadanos al desarrollar y aplicar una estrategia para consolidar rápidamente su poder tras el derrocamiento y ejecución de Ceausescu el 25 diciembre de 1989, fomentando una atmósfera de caos y confusión.
La investigación se había archivado en 2015 por falta de pruebas, pero se volvió a abrir en junio de 2016 por decisión de la Alta Corte de Casación y Política, años después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidiera al Estado rumano que procesara a los responsables de la violencia desatada en las calles del país.
Los fiscales se centraron en el papel que desempeñó el llamado Consejo del Frente de Salvación Nacional, encabezado por Iliescu, que ejerció el poder ejecutivo y legislativo central entre el 22 y el 27 de diciembre de aquel año.
Mediante “desinformación” a través de canales oficiales y “órdenes militares contradictorias”, Iliescu y otros acusados habrían inducido deliberadamente el caos y “una psicosis de terrorismo generalizada”, para “dar la apariencia de una guerra civil”, según la Fiscalía, citada por el portal “G4.media.ro”.
Los fiscales llegaron a la conclusión de que la “revolución” fue de facto un golpe de Estado.
Se estima que más de 1,100 personas murieron en combates callejeros en el país durante esos días, mientras que miles fueron heridos o detenidos.
El llamado “expediente de la revolución rumana” consta de 3.330 actas, doce de las cuales corresponden a las acusaciones, escritas por los fiscales militares y enviadas ya a los tribunales, precisó hoy Lazar, tras pedir disculpas por lo mucho que ha tardado la investigación.
Al contrario que en los demás países de la esfera comunista en el Este de Europa, como Hungría, la antigua Checoslovaquia o Polonia, el derrumbe del represivo régimen se produjo en Rumanía de forma violenta.
Cerca de la medianoche del 21 de diciembre de 1989 grupos de desconocidos dispararon contra la multitud que se manifestaba de forma espontánea en las principales avenidas de Bucarest para reclamar libertad.
Durante el levantamiento popular, Nicolae Ceausescu y su mujer, Elena, fueron fusilados tras ser condenados a muerte en un juicio sumarísimo ante un tribunal, un proceso que duró una hora y 45 minutos, mientras que la sentencia se dictó tras una deliberación de tan sólo cinco minutos.
Solo una treintena de personas -ninguna de primera fila- ha sido condenadas hasta ahora por la ola violencia contra civiles durante esa revuelta.
Contenido relacionado
Dictan cadena perpetua para Ratko Mladic, el “carnicero de los Balcanes”
