Exigieron a las autoridades la devolución de la niña y que se les aplique la jurisdicción indígena a los soldados.
La familia de la niña de doce años de la etnia indígena embera chamí, que fue violada por ocho militares en Colombia ha exigido a las autoridades la devolución de la niña, que está bajo protección de Bienestar Familiar, y que se les aplique la jurisdicción indígena a los soldados.
“Las Autoridades Tradicionales exigen que los agresores sean entregados a la Justicia Indígena para ser juzgados y que después de cumplir la condena también sean juzgados por la justicia penal ordinaria, exigencia que la Organización Nacional Indígena de Colombia respalda”, ha explicado la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en un comunicado.
Fuentes cercanas al proceso han destacado que los abusos a los que fue expuesta la menor son habituales en las comunidades indígenas del país. Señalaron que los excesos por parte de los miembros de la Fuerza Pública es una “violencia estructural” con la que tienen que vivir, una vez invaden su territorio.
El documento revelado por la ONIC da cuenta que en medio de la pandemia se ha registrado cifras altas de agresión sexual y física contra las mujeres: en el 2020 van 99 mujeres asesinadas, 14 de ellas durante la cuarentena.
El pasado 22 de junio la niña fue secuestrada y violada por los soldados en una vereda de Pueblo Rico, en Risaralda.
Los militares aceptaron haber violado a la menor, pero no han ido a prisión y están detenidos en una guarnición militar por miedo a represalias en la cárcel.
El juez ha subrayado que su traslado a la base militar de Bello, en Antioquia, sería transitorio, ya que han perdido la condición de uniformados en activo y por tanto se deberá definir el lugar de reclusión.
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AFG
