La FGR desistirá de la indagatoria contra miembros del Ejército por el delito de portación y acopio de armas de fuego
Familiares de los estudiantes Jorge Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, asesinados en marzo del 2010 cuando salían de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) prevé “dar carpetazo” a la investigación contra los elementos de la Sedena señalados como los agresores.
En un comunicado, indicaron que el pasado nueve de julio recibieron la notificación luego de que la institución no pudiera comprobar durante los últimos 11 años los delitos de portación y acopio de armas de fuego.
Acusaron que el Poder Judicial continúa rezagando la resolución del caso por lo que dijeron que la ejecución de Jorge y Javier “sigue en la completa impunidad”.
“Aunque este Gobierno ofreció disculpas el 19 de marzo del 2019, no ha ofrecido justicia conforme a derecho. Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey y fueron acribillados el 19 de marzo del 2010 por miembros del Ejército Mexicano, quienes después les plantaron armas”, expusieron
Los familiares recordaron que, según la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los jóvenes no eran sicarios.
En el evento de disculpa pública, la funcionaria dijo que el Estado mexicano se comprometía a la reparación integral del daño provocado por las autoridades desde el asesinato de los estudiantes.
Junto al “Colectivo Todos Somos Jorge y Javier”, la Organización Nacional Anticorrupción también se sumó a la exigencia para que las autoridades no cierren la investigación por el asesinato de los jóvenes.
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“Pedimos a las autoridades de procuración de justicia a continuar con la investigación de manera diligente y expedita dirigida a esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y reparar íntegramente el daño sufrido por las víctimas y sus familiares desde el asesinato de los estudiantes”, apuntaron
El 19 de marzo de 2010, los dos jóvenes estudiantes de 23 y 24 años fueron asesinados en una de las puertas del Tecnológico de Monterrey, en el campus de esa ciudad al norte de México.
Ambos fueron acribillados por elementos del Ejército Mexicano mientras salían de clases. Inicialmente, las autoridades señalaron que su muerte había sido producto de un daño colateral, fuego cruzado o incluso que pertenecían al crimen organizado.
Esa noche, soldados patrullaban calles de Monterrey y se enfrentaron a tiros con personas que presuntamente los agredieron. La balacera entre vehículos alcanzó las puertas de la institución educativa, de donde los estudiantes salían para ir a cenar, cuando fueron baleados por los militares.
En ese momento, el Ejército argumentó que los jóvenes formaban parte del crimen; mientras que el Tec de Monterrey apuntó que ninguno de sus alumnos estaba implicado en acciones de ese tipo.
Los soldados alteraron la escena del crimen y colocaron armas de fuego en los cadáveres de los estudiantes, con el objetivo de justificar su versión de los hechos. Años después, en 2019, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública a los familiares de las víctimas por la violación de sus derechos humanos y por el uso arbitrario de la fuerza.
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