Plantea que los servidores públicos y dirigentes de partidos políticos que cometan fraudes electorales sean castigados con pena de prisión

Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), presentó ante la Comisión de Justicia del Senado de la República un anteproyecto de reformas que establece nuevos tipos penales, sanciones en violencia de género, delitos en intercampañas e intervención de comunicaciones privadas para obtener información.

La propuesta de reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, propone dotar de mayores facultades y herramientas de investigación a la Fepade en el marco del sistema penal acusatorio.

Plantea que se autorice a la Fiscalía la intervención de comunicaciones privadas en la investigación de delitos electorales, crear juzgados y tribunales penales especializados en materia comicial, así como nuevos tipos penales en contra de la violencia política de género y conductas ilícitas de candidatos y abanderados independientes.

Además dijo, se debe tipificar y sancionar a gestores y auxiliares de los aspirantes independientes; a las conductas al margen de la ley en las llamadas intercampañas, la falsificación, uso y posesión ilegal de credenciales para votar y uso de financiamiento ilícito con recursos del extranjero.

Díaz Santana expuso que el sistema electoral mexicano tiene actualmente 200 tipos penales, cuando en promedio los países tienen entre 10 y 15 tipos penales en la materia.

El anteproyecto de reforma que analizará el Senado plantea que los servidores públicos y dirigentes de partidos políticos que cometan fraudes electorales sean castigados con pena de prisión.

Además, se establece la creación Tribunales Penales Especializados y dar herramientas a la Fepade para investigar los delitos en materia electoral; reconocer al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Electorales Locales con el carácter de ofendidos en la investigación y procesos judiciales por delitos comiciales.

Se plantea que la institución sólo funcionará si tiene mayores capacidades para perseguir e investigar los delitos electorales federales en las 32 entidades del país.

Con información de Excélsior