La fiscalía inició carpetas de investigación en contra de Álvarez Puga, Inés Gómez, otras cinco personas físicas y siete empresas.
La Fiscalía General de la República capturó e internó en penales federales a tres personas que están relacionadas con el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora de televisión Inés Gómez Mont su esposa Inés Gómez Mont, señalados como probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la indagatoria, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra Alvarez Puga, Inés Gómez, Edgardo Mauricio ‘V’, Rosario ‘A’, Margarita ‘C’, Ricardo ‘P’, Mauricio ‘R’ y siete empresas.
Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.
Para lograr su objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
La organización principal, según la FGR, estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, que operaban con supuestos representantes de personas morales.
Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor Oswaldo Zorrilla, Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS; Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico, y Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.
Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.
En el caso de una de las empresa que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor ‘Z’, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.
Es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
Sobre la participación de Gabriel ‘M’, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando.
A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal.
En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente.
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EDFM
