La Estafa Maestra es una trama que en 2017 denunciaron el portal Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo resolución favorable en un juicio de amparo indirecto promovido en contra de una sentencia de apelación que implica al empresario Luis Valenciano Zapata, y que confirmó la vinculación a proceso por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A través de un comunicado, señaló que el pasado 9 de marzo, un Tribunal Unitario en el Estado de México negó el amparo y protección al quejoso Luis “V”, empresario ligado al caso ‘Estafa Maestra’, a quien, en su carácter de accionista y administrador único de una empresa, en conjunto con otras personas, se le atribuyó probablemente la obtención ilegal de una fuerte suma de dinero en el año de 2014, provenientes de recursos federales de una Secretaría de Estado, a través de servicios simulados.
“El Tribunal de amparo consideró que los datos de prueba aportados establecen la presunción de que se cometieron los hechos atribuidos al quejoso”, señaló la dependencia.
La Estafa Maestra es una trama que en 2017 denunciaron el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La investigación desveló que el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) había usado “empresas fantasma” para desviar recursos mediante convenios fraudulentos.
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La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018), Rosario Robles está acusada de permitir el desvío público de más de 5.000 millones de pesos (245 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en este caso.
En octubre pasado, un juez rechazó liberarla del penal de mujeres de Santa Martha, en Ciudad de México, donde lleva encarcelada desde agosto de 2019 a la espera de juicio por riesgo de fuga.
En diversas entrevistas, la exfuncionaria ha expresado que se considera una perseguida del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ha denunciado que contra ella “se ha descargado todo el poder de un Estado”.
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CAB
