El memorándum de la Fiscal General autoriza la reanudación de las ejecuciones federales, una medida que no se había tomado desde 2021.
Desde sus primeros días como fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi ha introducido cambios importantes en la política de la pena de muerte a nivel federal. Mediante un memorándum, ha levantado la moratoria sobre las ejecuciones federales, que fue establecida durante la administración de Joe Biden, y ha establecido nuevos criterios que dan prioridad a la pena capital en casos determinados.
El memorándum, emitido después de la llegada de Bondi al Departamento de Justicia (DOJ) el 5 de febrero, autoriza la reanudación de las ejecuciones federales, lo cual no sucedía desde 2021.
Asimismo, establece que los fiscales federales deberán solicitar la pena de muerte con mayor frecuencia, especialmente en casos que involucren a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves y a aquellos que asesinen a oficiales de policía.
Uno de los casos mencionados en el documento es el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, David Maland, ocurrido en Vermont durante un control de tráfico. También se hace referencia al caso de Debrina Kawam, una mujer quemada viva en el metro de Nueva York, aunque aún no se ha determinado si este crimen será incluido dentro de la nueva política federal.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva directriz es la orden de revisar todas las decisiones de no solicitar la pena de muerte en casos federales ocurridos entre el 20 de enero de 2021 y el 19 de enero de 2025, un periodo que coincide con la administración de Biden.
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El Capital Review Committee del DOJ tiene 120 días para evaluar estos casos, enfocándose especialmente en crímenes relacionados con cárteles, organizaciones criminales transnacionales y delitos ocurridos en territorios indígenas o bajo jurisdicción federal.
Según el memorándum, el objetivo de esta revisión es asegurar que “los peores criminales enfrenten las consecuencias más severas”, lo que podría llevar a la reapertura de procesos y la presentación de nuevos cargos con pena capital.
Otra medida importante impulsada por Bondi es el respaldo del DOJ a los estados que aplican la pena de muerte. Para ello, se garantizará el suministro de sustancias aprobadas para las ejecuciones, como el pentobarbital, facilitando así la implementación de las sentencias.
El memorándum, que inicialmente fue filtrado, ya está disponible en el sitio web oficial del DOJ. Su publicación ha desatado un intenso debate sobre la reactivación de la pena de muerte y su enfoque en crímenes específicos, una política que podría representar un cambio significativo en la administración de justicia en Estados Unidos.
