Open Arms había declarado que la situación en el barco era insostenible, por ello los gobiernos buscaron alternativas para ayudar
Luigi Patronaggio, fiscal de Agrigento en Sicilia, ordenóla incautación del Open Arms y el desembarco inmediato del casi centenar de inmigrantes que todavía se encuentran a bordo. Esto tras subir al barco y conocer la situación.
“La situación en el barco es explosiva, de máxima urgencia”, declaró Patronaggio.
El fiscal viajó a Lampedusa junto a dos médicos y se reunió con el fundador de la ONG española,Òscar Camps, y la jefe de la misión, Anabel Montes.
Además el fiscal está investigando un presunto secuestro tras la negativa del ministro del Interior, Matteo Salvini, a permitir la entrada en puerto del buque humanitario.
La decisión del fiscal fue tomada después de que el buque de la Armada Audaz zarpara de la base de Rora (Cádiz) rumbo a Lampedusa para recoger a los inmigrantes del Open Arms.
El buque Audaz de la @Armada_esp listo para navegar esta tarde hacia la isla de Lampedusa y asistir al #OpenArms y a sus ocupantes. Acompañará a la embarcación hasta el puerto de Palma, en Mallorca.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 20, 2019
Con esta medida España resolverá, esta misma semana, la emergencia humanitaria. pic.twitter.com/pkzdTuZPzT
Antes de esto el ministro de Transportes italiano, Danilo Toninelli, había ofrecido una embarcación de la Guardia Costera para trasladar a los migrantes a un puerto español, con la condición de que se quitara la bandera de España del barco rescatista.
“Nos pusimos a disposición con la Guardia Costera para acompañar al Open Arms a España, ofrecer asistencia técnica y transportar a parte de los migrantes a bordo de una de nuestras embarcaciones para el viaje, la ONG se ha negado increíblemente, con una actitud que hace sospechar que hay mala fe de su parte”, escribió Toninelli en su cuenta de Twitter.
La retirada de bandera implica que un barco no puede navegar e incluso puede ser capturado como pirata, salvo que otro país le preste su pabellón. Fuentes del Gobierno español alegan que esta medida “no tiene sentido”, ya que está prevista solo para infracciones muy graves contra las normas de la navegación y requiere además la apertura de un procedimiento administrativo cuya conclusión es recurrible ante los tribunales.
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