Por medio de un comunicado, la Fiscalía de Perú dio a conocer que inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte
La Fiscalía de la Nación de Perú abrió una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 47 muertos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas.
El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Asimismo, contra “Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior”.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó el Ministerio Público.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un fallido golpe de Estado.
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El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Otárola acudió este martes al Congreso para el trámite de confirmación parlamentaria de su investidura, y anunció que el gobierno acordó declarar “duelo nacional laborable” para este miércoles “en respeto a los caídos” en las protestas, que en menos de un mes suman 47 personas fallecidas, el último de ellos, un policía de Puno que todavía no ha sido identificado.
Además, informó que “hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana”.
“Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno”, declaró Otárola ante el pleno del Congreso en referencia a la región que fue foco de violentas manifestaciones y enfrentamientos con la Policía este lunes, cuando murieron 17 manifestantes.
Durante la presentación del primer eje de su programa de gobierno, denominado “paz social”, Otárola lamentó la “pérdida irreparable” de los peruanos fallecidos en las protestas, que desde diciembre pasado suman 39 manifestantes muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, 7 por hechos vinculados a las protestas y el policía cuyo cuerpo fue calcinado esta madrugada.
“El fantasma de la violencia irracional volvió a servirse en el Perú”, declaró tras insistir en su respaldo a las fuerzas policiales.
Amnistía Internacional (AI) exhortó este martes a las autoridades de Perú a “cesar de inmediato el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil” y a investigar las posibles violaciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas en el país, que han dejado 47 fallecidos.
La organización defensora de derechos humanos aseguró a través de un comunicado que el cese del “uso excesivo” de la fuerza contra los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y nuevas elecciones, entre otros reclamos, debe ser el “primer paso que siente las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país”.
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CAB
