Fitch siguió los pasos de Standard & Poor’s y colocó la nota de crédito de Cataluña en revisión para una posible rebaja debido a las tensiones entre la Moncloa y el Gobierno catalán
La agencia de calificación financiera Fitch anunció el jueves que había colocado a Cataluña bajo vigilancia negativa, de cara a una eventual rebaja de la nota de su deuda, actualmente en categoría especulativa “BB”, después de que el Gobierno catalán, separatista, asegurara haber ganado un referéndum de independencia el domingo.
La agencia justificó la decisión por los “acontecimientos imprevisibles” que podrían suceder, incluyendo “posibles perturbaciones” de la liquidez a la que tiene acceso Cataluña, aunque “ese no sea el escenario al que da prioridad” Fitch, precisó en un comunicado.
Cataluña supone el 19% del PIB español y compite con Madrid (18.9%) por el puesto de región más rica de España, pero es de lejos la primera exportadora y copa un cuarto de las ventas españolas al extranjero.
El peso de la deuda pública es uno de los puntos débiles de Cataluña, ya que representa un 35.4% de su PIB, con lo se ubicaba como la tercera región más endeudada de España en términos relativos en el segundo trimestre de 2017.
La agencia teme que las fricciones entre Madrid y Barcelona afecten al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mediante el cual el Estado aporta a Cataluña el dinero necesario para hacer frente a sus obligaciones de deuda pública. “Se espera que siga siendo así, pero no hay precedentes en España” de una suspensión de la autonomía y, por tanto, “es incierto cuánto tiempo se podrá mantener” este acuerdo financiero, sobre todo si desemboca en “desobediencia civil”.
Desde el referéndum de autodeterminación del domingo, marcado por la violencia policial, el tono no ha dejado de endurecerse entre Madrid y Barcelona.
La estadounidense Standard & Poor’s adoptó la misma decisión el miércoles, esgrimiendo como razones la “confrontación política” entre el Govern y el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy y el riesgo de que termine afectando al cumplimiento de las obligaciones financieras de la comunidad autónoma.
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