El Inai instruyó a la FGR a proporcionar versiones públicas de solicitudes y requerimientos sobre intervenciones a comunicaciones privadas entre 2018 y 2020.
La Fiscalía General de la República (FGR) deberá entregar versiones públicas de las intervenciones a comunicaciones privadas ocurridas entre 2018 y 2020.
Lo anterior por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Un particular solicitó a la FGR información estadística relacionada al número de solicitudes de intervenciones a comunicaciones privadas, así como las versiones públicas de dichos requerimientos, tanto de autoridades como a concesionarias de telecomunicaciones.
La Fiscalía llamó a consultar la Plataforma Nacional de Transparencia, respuesta por la cual el solicitante interpuso ante el Inai un recurso de revisión por considerar que la información estaba incompleta.
El comisionado Adrián Alcalá Méndez atrajo el caso y determinó que la Plataforma Nacional de Transparencia no incluye información sobre 2018 y no arroja datos sobre intervenciones de comunicaciones privadas para extracción y acceso a datos conservados, el número de averiguaciones previas y los datos requeridos sobre las carpetas de investigación.
Además, la FGR omitió pronunciarse sobre las versiones públicas de las solicitudes hechas a autoridades y concesionarias.
Al considerar que la Fiscalía se encontraba en posibilidades de pronunciarse sobre la procedencia o no de la entrega de las versiones públicas requeridas, la ponencia del comisionado Alcalá Méndez instruyó realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información.
Además, proporcionar versiones públicas de solicitudes y requerimientos en el ejercicio de vigilancia del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
Las leyes deben asegurar que la ciudadanía pueda acceder a información sobre intervención a comunicaciones privadas, las principales reglamentaciones o alcance, los procedimientos a seguir para su autorización, la selección de los objetivos y el uso, intercambio, almacenamiento y la destrucción del material interceptado y los controles existentes para garantizar que no puedan ser usados de una manera arbitraria”, apuntó el comisionado.
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