Naomi Figueroa, empleada pública, provocó indignación tras revelar que participó en el sacrificio de un perro como parte de un ritual de santería.
Naomi Sofía Figueroa Álvarez, colaboradora del Gobierno de Guadalajara, desató una ola de críticas luego de confesar en una transmisión en vivo su participación en un ritual religioso que implicó el sacrificio de un perro. El acto, según explicó, fue realizado como parte de una ceremonia dentro de la santería, con el objetivo de “eliminar a sus enemigos”.
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“Le cortaron a un perro. Era un sacrificio grande. Todos van a caer”, declaró en redes, acompañando sus palabras con un gesto que simulaba el corte del cuello del animal.
Figueroa trabaja como colaboradora especializada en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, organismo dependiente de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad. Según datos oficiales, su contratación se formalizó el 18 de marzo de 2025 con un ingreso mensual bruto superior a 18 mil pesos, incluyendo compensaciones.
Señalamientos previos en su entorno familiar
Naomi es hija de Susana Priscila Álvarez Hernández, exfuncionaria del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ), sancionada en 2019 por uso indebido de recursos públicos al realizar un viaje sin autorización. Actualmente, la madre de Naomi ocupa un cargo en el Gobierno estatal, con un sueldo reportado mayor a 50 mil pesos mensuales.
Piden sanciones por maltrato animal
El video de la confesión rápidamente se viralizó y generó repudio, especialmente entre colectivos de defensa animal, quienes han solicitado al Ayuntamiento de Guadalajara la inmediata separación de Figueroa del cargo, así como la apertura de una investigación.
La legislación vigente en Jalisco prohíbe los sacrificios animales en contextos religiosos si implican sufrimiento o muerte innecesaria. De acuerdo con el artículo 306 del Código Penal del estado, este tipo de actos pueden acarrear penas de hasta 5 años de prisión, multas económicas de más de 100 mil pesos, y trabajo comunitario como medida adicional.
A pesar de que Figueroa argumentó motivos religiosos, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco establece claramente que ninguna práctica cultural o religiosa puede justificar el maltrato animal.
Contradicciones con su función pública
El área en la que Figueroa se desempeña tiene como misión promover la convivencia pacífica y el bienestar comunitario en zonas de alta vulnerabilidad social. El acto confesado no solo contradice esos principios, sino que ha puesto en duda los filtros institucionales del Ayuntamiento para la contratación de servidores públicos.
Hasta el momento, la administración municipal encabezada por Verónica Delgadillo no ha emitido una postura oficial respecto al caso. Usuarios en redes sociales han demandado explicaciones, sanciones y una actuación inmediata por parte del gobierno local.
Con información de Excelsior
