El Gobierno había pedido al magistrado que extendiera los plazos para reunir a niños migrantes con sus padres porque necesitaba tiempo para hacer pruebas de ADN y así confirmar las relaciones familiares
Algunos menores migrantes regresaron con sus padres, pero otros seguían en centros lejos de sus familias. Funcionarios del gobierno de Donald Trump incumplieron el martes el plazo contemplado en una orden judicial para reunir a decenas de niños con las familias de las que fueron separados a la fuerza en la frontera de Estados Unidos.
En la ciudad de Grand Rapids, Michigan, Ever Reyes Mejía salió de un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), cargando a su sonriente hijo y su mochila. A bordo de un automóvil, padre e hijo se alejaron de la instalación.
Un niño y una niña que habían estado bajo custodia temporal se reunieron con sus padres hondureños en el centro tres meses después de su separación.
Los tres padres estaban “abrazándolos y diciéndoles que todo estaba bien y que nunca más se volverían a separar”, dijo Abril Valdés, abogada de cuestiones de inmigración. Los niños estaban “completamente felices de estar otra vez con sus padres”.
A finales del mes pasado, Dana Sabraw, juez de distrito de San Diego, dio al gobierno federal un plazo de 14 días para reunir a infantes de menos de cinco años con sus padres, y de 30 días en el caso de los niños de más edad.
No estuvo claro de inmediato cuántos de los menores abandonaron los centros de detención el martes ni cuántos se quedaron.
Para intentar cumplir el plazo, el gobierno elaboró una lista de 102 candidatos a la reunificación, que quedó reducida a 75 nombres tras exámenes que incluyeron pruebas de ADN tomando material del interior de la boca de los pequeños migrantes.
Los abogados del Departamento de Justicia dijeron al tribunal que, de esos 75, las autoridades podían garantizar que 38 regresarían con sus padres al final del martes. Otros 17 podrían correr la misma suerte si se recibían los resultados de las pruebas de ADN y se comprobaban los antecedentes de los progenitores a tiempo.
Por otra parte, los letrados federales indicaron a un juez federal en San Diego que el gobierno no cumpliría con el plazo en el caso de otros 20 niños menores a 5 años ya que necesitaba más tiempo para ubicar a los padres, quienes ya fueron deportados o liberados en Estados Unidos.
Sabraw mostró poco interés en ampliar los plazos a menos que el gobierno pudiese ofrecer buenas razonas en casos concretos.
“Estos son plazos firmes. No son metas ambiciosas”, señaló el magistrado el martes.
Preguntado por el incumplimiento del plazo, Trump contestó: “Bueno, tengo una solución. Díganle a la gente que no venga a nuestro país de forma ilegal. Esa es la solución”.
El gobierno defendió el uso de este tipo de pruebas y dijo que describió padres con antecedentes penales graves, cinco adultos cuyo ADN mostró que no eran los progenitores de los niños que reclamaban y un caso de abuso infantil creíble.
“Nuestro proceso puede no ser tan rápido como algunos querrían, pero no hay duda de que está protegiendo a los menores”, señaló Chris Meekins, funcionario del Departamento de Sanidad que ayudó a dirigir el proceso.
El gobierno enfrenta un segundo plazo, el 26 de julio, para reunir a unos 2,000 niños migrantes mayores a 5 años que también fueron separados de sus familias por las autoridades en los últimos meses.
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