México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara, aseguró que garantizar los derechos humanos de las personas migrantes repatriadas, incluido el de la identidad y el de la protección de datos personales para lograr su reintegración en el entorno social, “es fundamental”.
“Tenemos que hacer política pública nacional de combate a la xenofobia, a la discriminación, a la violación sistemática de sus derechos”, exhortó durante el panel “Migración: retos en la protección de los datos personales”, de la Semana Nacional de Transparencia 2021.
La comisionada dijo que como México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, se generan bases de datos con información sensible, que debe protegerse para no ocasionar un riesgo potencial a su seguridad o su vida.
En este contexto, expuso que el INAI, como garante de la protección de datos personales trabaja de cerca con instituciones involucradas como el Instituto Nacional de Migración o la Secretaría de Gobernación, en particular, para la asignación de la CURP de personas mexicanas repatriadas, proceso en el cual se recomendó hacer una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales.
“La elaboración de la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales permite a los sujetos obligados, en este caso a la Secretaría de Gobernación, valorar en un momento dado los impactos reales que pudieran determinar algún riesgo en el uso de estos datos; puede permitir identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con el cumplimiento de los principios, deberes, derechos y obligaciones de la ley en la materia”, detalló.
Por su parte, Areli Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señaló que la protección de datos personales en el caso de personas migrantes implica otros rubros que la normatividad migratoria no considera, o bien, son tomados en cuenta con algunas deficiencias, lo cual no permite contar con un aparato jurídico robusto para la aplicación de políticas adecuadas y con perspectiva de derechos humanos y protección de datos.
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