En septiembre de 2021 la Corte declaró inconstitucional penalizar el aborto.
Futuro de la despenalización del aborto, en manos de la nueva Suprema Corte. Será la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación la encargada de resolver los amparos que se presentarán luego de que el Congreso de Guanajuato votara por mantener la criminalización del aborto voluntario, reavivando el debate sobre los obstáculos políticos para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Aunque en septiembre de 2021 la Corte declaró inconstitucional penalizar el aborto, lo que impulsó reformas en más de dos tercios del país, aún hay nueve estados donde esta práctica sigue siendo castigada con cárcel: Durango, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Aguascalientes.
Esta resistencia responde a una combinación de factores: intereses electorales, influencia de grupos religiosos, presencia de fuerzas políticas conservadoras y nuevas interpretaciones jurídicas. En Guanajuato, el partido gobernante, el PAN, rechazó cualquier modificación, argumentando que defender la vida desde la concepción fue parte de sus compromisos de campaña. Alegaron incluso que la sentencia de la Corte no obliga directamente al Congreso local a modificar su Código Penal.
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Curiosamente, durante el proceso electoral, la hoy gobernadora Libia García Muñoz Ledo —la primera mujer en ese cargo en el estado y también del PAN— se pronunció a favor del derecho a decidir. Sin embargo, ante el empate inicial en el Congreso estatal, prefirió no intervenir y dejó la decisión en manos de las y los legisladores, asegurando que respetaría su resolución y evitaría confrontaciones dentro de su partido.
Francisco Cué, de GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), calificó de engañosa la interpretación de que los fallos de la Corte no obligan al Congreso guanajuatense, y recordó que el máximo tribunal ha sido claro en afirmar que penalizar de forma absoluta el aborto constituye una grave violación a los derechos humanos.
